9 de enero de 2012

Somos todos terroristas

LA NUEVA LEY ANTITERRORISTA CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL

A las apuradas, y a pesar de la oposición de varios organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, el Congreso de la Nación aprobó la Ley Antiterrorista, reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La norma duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal y para quienes "directa o indirectamente" financien el terrorismo y actividades afines. Las definiciones sobre qué se entiende por “terrorismo” son tan amplias y vagas que habilitan a los jueces a la criminalización de la protesta social: a partir de ahora serán considerados terroristas quienes realicen actos "con la finalidad de aterrorizar a la población" u obliguen al gobierno nacional o extranjeros "a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Por Hernán L. Giardini


¿Qué significa "aterrorizar a la población"?

¿Hacer una marcha reclamando algo es "aterrorizar a la población"?

¿Hacer un piquete reclamando algo es "aterrorizar a la población"?

¿Denunciar que el agua está contaminada es "aterrorizar a la población"?

¿Difundir que la inflación este año rondará el 20% es "aterrorizar a la población"?

¿Y qué significa obligar al gobierno a "realizar un acto o abstenerse de hacerlo"?

¿Acaso la mayoría de las protestas no buscan que el gobierno realice un acto o se abstenga de hacerlo (pague mejores salarios, no habilite a una empresa minera extranjera, etc. etc,.) ?

Como vemos, las definiciones sobre qué implica ser "terrorista" son tan vagas y amplias que cualquier juez trasnochado puede encarcelarnos si no le gusta nuestra protesta o el modo en que la realizamos.

En un documento firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y varias asambleas y organizaciones sociales, se alertó que “el hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques”.

“La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo. (…) La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas”, afirman las organizaciones.

Por su parte, la agrupación H.I.J.O.S. advirtió que la norma “utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que nos preocupan en relación a la garantía de los derechos de las personas sobre las que se pudiera aplicar. ¿Quién y cómo va a definir esas categorías indefinidas? Esta modificación agrava las condiciones de una ley que no podemos más que rechazar de plano, porque deja las puertas abiertas a la libre interpretación de los miembros del Poder Judicial para aplicarla. ¿Dónde está en la ley la definición sobre “terrorismo”? Nuestro país, como tantos otros, tiene la experiencia de siete años de genocidio, basado en la criminalización de las organizaciones de resistencia. El “terrorismo” es una construcción. Una idea subjetiva utilizada desde hace años por las potencias occidentales para justificar invasiones, mantener asustada y obediente a su población y violar muchos derechos consagrados en 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie se autoproclama terrorista, sino que esta definición es aplicada, desde el Estado o sectores dominantes de la economía, sobre individuos o grupos a los que se quiere despojar de sus derechos más básicos”.

“Desde 2003 a esta parte, nuestro país ha avanzado mucho en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Todavía queda mucho por hacer, pero esta medida nos hace retroceder en ese camino. No puede pasar desapercibida. Tiene una gravedad importante para quienes consideramos que los Estados deben ser garantes de los derechos humanos de todos y todas. Como defensores de los derechos humanos, repudiamos la Ley Antiterrorista, la reforma del Código, y también las condiciones en las que se trata esta reforma, que responde a exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no excluir a la Argentina de allí y del G20. Así como celebramos medidas de gobierno que fortalecen la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, por entender que son el bastión de una patria justa, no apoyamos esta iniciativa. Queremos seguir dando ejemplo ante el mundo en materia de derechos humanos, pero medidas así nos alejan de ese camino”, señala H.I.J.O.S.

Las Abuelas de Plaza de Mayo también se manifestaron contra la norma: “Si bien el gobierno nacional sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo. En este sentido, gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta. Estos vacíos legales resultan preocupantes, además, porque en el futuro podría llegar al poder un gobierno conservador, con menor apego al respeto de los derechos humanos, y reprimir la protesta social al amparo de esta ley”.

Finalmente, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni criticó la sanción de la ley, a la que consideró “un disparate”. “En algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta ley antiterrorismo”, sostuvo.

Si tantos organismos de derechos humanos, organizaciones y movimientos sociales, y hasta un juez de la Corte, se opusieron a la norma, ¿por qué la sancionaron?

"El GAFI nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes nos va a sancionar económicamente. Este organismo se ocupa solamente de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte", sentenció Zaffaroni.

Lo cierto es que con esta ley, tarde o temprano, somos todos terroristas.

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Rebelión total del pueblo frenando minería en La Rioja

EL FAMATINA NO SE TOCA

Colosal resistencia popular a los pies del cerro Famatina. El pueblo de Famatina en su conjunto interrumpe desde el primero de año los transportes de las mineras rechazando el convenio firmado por el gobernador. Fuerzas especiales de seguridad, provenientes de la capital riojana, rodean a los manifestantes que cuentan con el apoyo de todo un pueblo y de las autoridades locales y eclesiásticas. La orden de reprimir será un riesgo político que habrá de asumir el gobierno provincial. Los hechos pueden salpicar al gobierno nacional que apaña una política extractiva devastadora.

Por Unión de Asambleas Ciudadanas

Algunos gobernadores confunden los votos electorales
con la licencia social para dinamitar cerros y destruir acuíferos.

El levantamiento popular impidiendo el tránsito de los transportes mineros es de tal magnitud que los asambleístas reunidos en Alto Carrizal ven rotar a los casi 6.400 habitantes con que cuenta el pueblo al pie de los Nevados del Famatina. En la actualidad, los vehículos, con o sin insumos mineros de la empresa Osisko Mining Corporation, son interrumpidos por los activistas a escasos dos kilómetros del histórico corte de Peña Negra, que desde el año 2006 mantuvieran en plena actividad los autoconvocados contra la explotación a cielo abierto que pretende la minera Barrick Gold. Desde el primer día de este año, cientos de famatinenses se concentran cerca de la llamada Casona Pérez Méndez, en Alto Carrizal, lo que les permite contar con comunicación celular, ciertas comodidades, asistencia rápida y mejores posibilidades de permanencia.

En el corte de ruta no falta nadie, desde el intendente Ismael Bordagaray hasta el párroco Omar Quintero, quien ha declarado que "las campanas de la iglesia seguirán sonando con la ayuda de Dios". La autoconvocatoria es absoluta, tratándose del pueblo origen del actual gobernador Luis Beder Herrera. La policía local no puede intervenir al ver a sus propios familiares firmemente involucrados en la protesta, razón por la cual el gobernador recurrió a fuerzas especiales provenientes de la capital de La Rioja que en estos momentos rodean a los pobladores.

La situación que se vive es de enorme intensidad y preocupa porque los hechos ocurridos en la Andalgalá, se asemejan. En la ciudad catamarqueña (15 y 16 de febrero de 2010) más de sesenta heridos fueron tratados en el hospital y los destrozos generados por la refriega fueron de consideración. La resistencia que ofrece ahora Famatina también es titánica, por lo que se intuye una situación similar en caso de que el gobernador riojano se empeñe en desalojarlos. Mientras escribimos esta circular, en la puesta de sol del día 6 de enero en Alto Carrizal, hay unos 150 pobladores en pleno corte de ruta, algunos descansando bajo los árboles y otros refrescándose en el río Amarillo, que precisamente baja del Famatina con la pigmentación ocre de la mina La Mejicana, que hace más de cien años había explotado el oro de los emblemáticos "Nevados". Esta noche los asambleístas reforzarán su presencia en el corte y para mañana se espera el mismo caudal de activismo -prácticamente el pueblo en su conjunto- obligando con la masiva participación a que Beder Herrera acepte la decisión de un pueblo y se retorne al amparo de una legislación que impedía este tipo de actividad extractiva, las mismas leyes que él mismo impulsó para acceder al ejecutivo provincial.

Los asambleístas insisten en rechazar el convenio firmado por el gobernado con la minera Osisko Mining Corporation avisándole de este modo de que no gozarán de la licencia social necesaria para operar con este tipo de minería. Algunos gobernadores confunden los votos electorales con la licencia social para dinamitar cerros y destruir acuíferos.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) propuso en sus últimas asambleas, mantener en estado de alerta a todos los colectivos del país que en los últimos años se organizaron contra la megaminería hidroquímica a cielo abierto y las asambleas de Famatina, Chilecito y demás pueblos de La Rioja, forman parte de ese movimiento social.

HOY ESTAMOS TODOS PENDIENTES DE FAMATINA. SI A LA VIDA.
NO A LA MINERÍA DESTRUCTIVA Y CONTAMINANTE.
NI UN PASO ATRÁS.
¡NO ES NO!
UAC – UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS


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Se profundiza el modelo de agronegocios y sus contradicciones

SOBRE LOS HERIDOS Y ASESINADOS EN EL CAMPO

Crisis Estructural del capitalismo, agotadas las falsas soluciones se agudizan las contradicciones, el progreso liberal agota su tiempo sin cumplir sus promesas. No hace falta ser filósofo para comprenderlo, basta mirar con atención y escuchar al corazón. Argentina: el agronegocio y su modelo de extracción y muerte no mira ni siente, en su naturaleza capitalista, solo existe la posibilidad de acumular, acumulación y concentración en base a la explotación de los pueblos, al saqueo de sus riquezas y a la eliminación de todo adversario. (incluso de aquellos capitalistas "menos capaces”). Las enormes masas de capital especulativo disponibles y la tecnología al servicio del capital aceleran este proceso de muerte.

Por Movimiento Nacional Campesino Indígena


A la concentración de la tierra, la contaminación de los alimentos con agrotóxicos, al precio elevado de los alimentos por usarlos como combustibles, el trabajo esclavo, al hambre por la prioridad de los mercados externos, al monopolio de la comercialización de alimentos, se le suman las muertes, las amenazas, los baleados, las empresas se apropian de la tierra por medio de violencia armada contra los campesinos indígenas que nos oponemos al “progreso” que nos ofrecen.

Asesinaron a Cristian, ahora balearon a dos campesinos, antes mataron a otras y otros, los jueces cómplices, aliados del ruralismo. La lucha hizo renunciar a uno, pero cuantos quedan.

El agronegocio muestra su fuerza y hegemonía, y en este marco de obviedad de su perversidad, logra que se apruebe la “ley Anti Terrorista”. La ley sera un festín para los jueces, que sin motivos nos encarcelan por usurpadores, cuando llevamos mas de 50 años en la tierra, ahora seremos Terroristas cada vez que defendamos nuestra vida. Esta ley nos demuestra que a pesar de la UNASUR, de la esperanzadora CELAC, muy a pesar, no somos soberanos. Porque para estar en el G20 hay que aprobar leyes contra el terrorismo, que en realidad son contra los pueblos.

¿Y para que queremos estar en el G20? Pues para defender al agronegocio, porque las potencias del G8 hoy necesitan regular los precios de los comodities.

El gobernador de Santiago del Estero aplica su ofensiva (contra los campesinos), sus punteros han salido con todo a amenazar, a intentar sobornar, descalificar, pero ademas, en Monte Quemado golpearon a compañeros del MOCASE.VC .

También, Zamora, mediante un “memo institucional” excluye de todos los festivales folclóricos a Raly Barrionuevo, Claudio Acosta, Juan Savedra, músicos populares comprometidos con los sueños y luchas del campesinado. El gobierno de Zamora le rescindió el contrato a dos médicos que son militantes del MOCASE.VC . El gobierno de Zamora responde al Agronegocio.

Es que nada tiene que ver la declaración de la CELAC con esto. Es su otra cara. CELAC, será soberanía de los pueblos , será justicia social, será libertad, solo cuando nos liberemos de las transnacionales. No hay posibilidad de soberanía con ellas definiendo nuestro desarrollo.

El G20 intenta legitimar las decisiones del G8, en un momento de crisis, pero su existencia misma atenta contra la legitimidad de Naciones Unidas, en la cual participan la mayoría de los países del mundo, todos con un voto, sin condicionamientos. No hay ventajas para el pueblo argentino obtenidas en las reuniones del G20. El G20 conspira contra la CELAC.

En este proceso también debemos afinar nuestra definición de lo nacional, desde lo popular. No podemos pensar que los Blaquier, Grobocopatel, los Rocca, o la mesa de enlace tienen intereses en el desarrollo nacional con “ inclusión y justicia social”, seria volver a cometer viejos errores. Son y serán traidores a la patria, y no hay modelo nacional y popular que pueda contenerlos.

Por eso no podemos sostener un modelo que para desarrollar políticas sociales deba hipotecar los bienes naturales y amontonar al pueblo en villas, para que la tierra y los bienes naturales sean explotados por esa “siempre ficticia burguesía nacional” junto con las transnacionales que generan “progreso” .

Es necesario sostener el valor de los salarios por encima de la canasta básica, pero además hay una enorme masa de trabajadoras y trabajadores que están fuera de la economía formal y la discusión paritaria. Trabajadores precarizados, desocupados, de fabricas recuperadas, cooperativas, campesinos y agricultores familiares. Todos estos sectores somos sujetos económicos y las políticas deben ir enfocadas a fortalecer y desarrollar la economía social y popular.

Es hora de que los recursos para las políticas sociales salgan de las enormes ganancias de empresas de la “burguesía nacional”. Es hora de que la tierra cumpla su función social: para brindarnos un hábitat digno, para brindarnos la posibilidad de trabajar y producir alimentos y materias primas para cubrir las necesidades populares, y abastecer nuestra industria.

El estado debe apuntalar y fortalecer la economía popular, las cooperativas, las pymes, las empresas estatales.

Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente, abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular.

La ley contra la extranjerización de la Tierra y el nuevo estatuto del peón de campo son herramientas que mitigaran algunos de los embates del agronegocio contra los pueblos rurales. Pero no detendrán su proceso de concentración y acumulación.

La ley contra los desalojos campesinos espera por ser tratada, y nos movilizaremos para que sea aprobada

La ley de radio difusión y la ley de democratización del Papel prensa son avances históricos en la construcción de la libertad de prensa y la democracia, esperamos que la lucha campesina tenga su voz legitima en todos los medios sin censuras ni recortes. También es urgente otorgar las licencias a las radios comunitarias y fortalecerlas con financiamiento y publicidad oficial.

Nosotras y nosotros vamos a profundizar nuestra lucha en los territorios, vamos a intensificar la movilización en las ciudades y pueblos, vamos a ampliar nuestros lazos con todos los sectores que estén dispuestos a debatir y a luchar por la liberación de nuestro pueblo argentino y latinoamericano, por la soberanía alimentaria por la justicia social.

Somos Tierra para alimentar a los pueblos
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC – Vía Campesina

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Los republicanos divididos, los ciudadanos unidos

ELECCIONES PRIMARIAS EN ESTADOS UNIDOS

El resultado de las elecciones primarias del Partido Republicano en Iowa, que mantuvieron la intriga sobre el vencedor hasta el final, confirmó dos hechos políticos fundamentales y prácticamente pasó por alto a un tercero. En primer lugar, los republicanos no están muy entusiasmados con ninguno de sus candidatos. En segundo lugar, hemos ingresado en una nueva era de las campañas políticas en Estados Unidos luego del fallo de la Corte Suprema que permitió que un flujo ilimitado y no declarado de dinero de las empresas se invierta en el proceso electoral. Y en tercer lugar, debido a que el Presidente Barack Obama atraviesa las elecciones primarias sin tener contrincantes, se le ha prestado muy poca atención al creciente descontento de quienes lo llevaron a la presidencia en 2008. Como consecuencia de esto, el proceso de elección presidencial de 2012 promete ser largo, reñido, extremadamente caro y quizá el más negativo de la historia.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)


Mitt Romney técnicamente venció en las primarias de Iowa por un margen de apenas ocho votos al candidato Rick Santorum, quien experimentó un reciente aumento de popularidad. Mientras tanto, el candidato ultra-liberal Ron Paul sorprendió al obtener el 21 por ciento de los votos, y se ubicó en el tercer lugar de una contienda que involucra a varios candidatos. Hay que tener en cuenta que el Partido Republicano no permite realizar un recuento de los votos manuscritos que hayan sido contados manualmente y que la victoria final de Romney fue anunciada antes que en ningún otro sitio en la cadena de noticias de derecha Fox News por nada más y nada menos que el comentarista Karl Rove, el artífice de las dos controvertidas victorias presidenciales de George W. Bush.

De modo que la enseñanza que puede concluirse de todo esto es que si bien Willard Mitt Romney se queda con la fachada de la “eligibilidad”, no puede persuadir a más del 25 por ciento de los republicanos para que voten por él. El aumento del apoyo a Santorum fue consecuencia de la combinación de los votos en contra de Romney y el retiro masivo del apoyo a Newt Gingrich, inspirado por una campaña fulminante de avisos en contra de Gingrich que se atribuye a Romney.

A pesar de que el equipo de Romney en Iowa tuvo una estrategia de campaña positiva, un súper Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) que lo apoyó adoptó una estrategia ofensiva. Según Michael Isikoff de NBC, el comité Restore Our Future (Restablecer Nuestro Futuro) gastó 2,8 millones de dólares en publicidad en Iowa, más del doble del dinero gastado por la campaña de Romney, todo para atacar a Gingrich. Los comités de apoyo pueden recibir donaciones ilimitadas de parte de empresas o individuos y no tienen la obligación de revelar la identidad de sus donantes. A pesar de que la ley impide que los súper PAC se coordinen con las campañas, tres de los fundadores del comité Restore Our Future, de Romney, trabajaron en su fallida campaña presidencial en 2008. Ellos son: Carl Forti, Charlie Spies y Larry McCarthy.

La elección primaria de Iowa puede interpretarse como la primera instancia de una campaña electoral realizada luego del fallo sin precedentes de la Corte Suprema de enero de 2010 en el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral. El blog SCOTUSblog lo resume de la siguiente manera: la Corte, en fallo dividido, dictaminó que “el gasto político es una forma de protección de la libertad de expresión en virtud de la Primera Enmienda, y que el gobierno no debe impedir que las empresas o sindicatos gasten dinero para apoyar o denunciar a candidatos individuales en las elecciones”.

Los períodos electorales generalmente son muy beneficiosos para los canales locales de televisión, que venden tiempo en el aire a través de los medios de difusión públicos. Sin embargo, las radiodifusoras de Iowa informaron que habría ganancias menores de las esperadas debido al número sin precedentes de debates entre candidatos, a través de los cuales los candidatos tuvieron la oportunidad de presentarse al público básicamente en forma “gratuita”. La avalancha de publicidades negativas que sobrevino en las últimas semanas de campaña provocó un aumento de las ganancias de los canales. Dale Woods, gerente general de un canal de televisión local de Des Moines, le dijo a la revista Broadcasting & Cable: “Generalmente no transmitimos campañas negativas aquí, pero he visto cómo ha cambiado esa dinámica con el dinero de los Comités de Acción Política. Las compras de espacio publicitario de los candidatos son para publicidades positivas, pero el dinero de los Comités se usa en campañas negativas. Creo que veremos esa dinámica en todo el país”.

La industria de la publicidad está siguiendo de cerca los gastos de campaña. Prevén que el gasto de todas las campañas juntas alcanzará los 4.000 millones de dólares, si se incluye la campaña presidencial, al Senado, de Diputados y gobernadores.

Pero aún hay esperanza. Cada vez más gente reacciona en contra de esta inundación de dinero secreto que está infectando las elecciones en Estados Unidos. Los legisladores del estado de California están reclamando una reforma constitucional para revocar el fallo sobre Citizens United. El Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York aprobó una resolución similar, haciéndose eco de las medidas aprobadas en Los Angeles, Oakland, Albany y Boulder, Colorado. La semana pasada, la Corte Suprema de Montana restableció una prohibición de hace más de 100 años al gasto empresarial en campañas y candidatos políticos.

El catedrático de derecho de la Universidad de Harvard, Lawrence Lessig, exige que se realice una convención constituyente. Según lo define la Constitución de Estados Unidos, 34 legislaturas estatales tendrían que convocar la convención, que podría permitir una reforma para prohibir que las empresas financien campañas electorales. Lessig, muy popular entre los progresistas, ha acudido al apoyo del movimiento conservador de derecha Tea Party. Me dijo “El aspecto interesante desde el punto de vista político de todo esto es que la gente puede convocar una convención por cualquier motivo. Ya hay un fuerte movimiento conservador que presionará para que haya una convención que procure objetivos de presupuesto equilibrado o para que se limite la deuda nacional. Creo que todas estas propuestas deben ser consideradas en el marco de una convención. Sin embargo, creo que, lamentablemente, la única opción que tenemos para intervenir y arreglar este sistema corrupto es la opción que nos dieron los padres fundadores del país, que es que quienes no forman parte de la clase política se organicen para resolver el problema que hay en Washington”.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna
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Escoger al malo para que no gobierne el peor

MÉXICO Y LA PARTIDOCRACIA

La kafkiana partidocracia que monopoliza las candidaturas, trafica con las prerrogativas, engaña con encuestas, contamina el ambiente con basura propagandística y permite que los bribones ocupen cargos de elección o de nombramiento, nos está dejando como única opción “elegir al malo para que no gobierne el peor” y con semejante disyuntiva se posponen programas, se desvanecen proyectos, se sigue concentrando el poder y el dinero, las calles se transforman en morgues, el espejismo de la alternancia coincide con el drama de la sequía y la amenaza de hambrunas; la criminalidad se vuelve la madre de todas las crisis y los mexicanos abdican de la condición de ciudadanos para asumirse como espectros.

Por Manuel Leví Peza (desde México)


¿Cómo es posible que en más de 100 millones de habitantes no encontremos un estadista que pueda resolver los severos problemas nacionales que nos agobian?

A estas alturas es imperdonable que no tengamos un proyecto de nación que meta en cintura los mercados financieros no regulados; la mexicanización del sistema bancario; los mercados bursátiles; la restauración del poder adquisitivo de nuestra moneda; la restricción de los endeudamientos públicos; racionalización del déficit y la superación del desempleo. Tampoco es comprensible la improductividad del Congreso de la Unión en las reformas pendientes, ni las monacales votaciones de los ministros de la SCJN en cuanto a la administración de justicia.

México ya no puede marchar a dos velocidades: la de los poderes fácticos poseedores de la riqueza pública y privada y, la de los mexicanos de a pié, que ya empiezan a ser peyorativamente apodados “mamíferos hablantes” negados para la democracia.

Son pocas las razones que favorecen una calificación aceptable, en términos de decencia, a partidos políticos, mandatarios, legisladores, ministerios públicos, sindicatos corporativos y jueces. Tampoco son creíbles las argumentaciones del gobierno en lo que se refiere a pobreza, ignorancia, insalubridad, dependencia alimentaria, crimen organizado y violación de derechos humanos. Asimismo, no se puede seguir tolerando que el gobierno nos diga cínicamente que hay responsables, pero no culpables, en todos y cada uno de los escandalosos ejemplos de corrupción e impunidad en que incurren los servidores públicos.

La deuda pública no se habría disparado tanto, sí se hubieran fijado severas responsabilidades limitadas a las legislaturas, a los prestamistas y a las autoridades deudoras por los malos manejos del erario públicos y por rebasar los topes de endeudamientos.

La historia de nuestro subdesarrollo explica el por qué estamos como estamos y el por qué somos como somos. Y al detenernos en éste punto, corroboramos que efectivamente, elegimos a los malos para que no sean los peores los que nos gobiernen.


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