8 de julio de 2014

La tormenta perfecta



LA NOVELA DE LOS “FONDOS BUITRE” Y EL PROCESAMIENTO DE AMADO BOUDOU

No se acallaban aún los ecos de las discusiones por el arreglo con el club de París, cuando la justicia de Estados Unidos falló de manera adversa a las aspiraciones del gobierno argentino con respecto a los llamados “fondos buitre”. Casi en simultáneo fue procesado el vicepresidente de la Nación. Ni el más acérrimo de los opositores al gobierno podría haber imaginado una atmósfera más tormentosa para los últimos meses de la presidenta Cristina Fernández, quien resiste, como puede, los embates del capitalismo especulador nacional y foráneo, y defiende, como puede, a Amado Boudou (por ahora). 

Por Marcelo R. Pereyra 

FALSAS ANTINOMIAS 

Todavía se seguían discutiendo las –supuestas- bondades del arreglo con el club de París, cuando la justicia de Estados Unidos falló de manera adversa a las aspiraciones del gobierno argentino en la cuestión de los “fondos buitre”. De esta manera, renació el debate sobre la deuda externa del país, en el que unos tachan al ministro de Economía de negligencia e impericia en la conducción de las negociaciones, y otros, desempolvando un olvidado fervor nacionalista, sostienen que se trata de un enfrentamiento desigual entre un país emergente y unos señores malignos y todopoderosos. Los primeros, políticos opositores y periodistas y economistas de rancia estirpe neoliberal, gritan de viva voz que corresponde acatar la orden judicial y pagar sin chistar lo adeudado, so pena de caer al horrendo precipicio de los países morosos y rebeldes: “¡Quedaremos aislados del mundo!”, claman aduciendo que Argentina tiene la espada de Damocles en la cabeza –el default tan temido-. Los segundos, oficialistas de toda laya y pelaje, con renacido  patrioterismo vociferan en foros nacionales e internacionales que esta es otra homérica guerra que hay que librar contra lo más cruel del capitalismo internacional.

Así las cosas, bañada la discusión en las aguas del extremismo ideológico, la intolerancia y el oportunismo político, queda poco margen para otros enfoques que estén alejados de estas alternativas excluyentes. No es la primera vez que sucede esto en los últimos años. Ya pasó en el conflicto entre el gobierno y las entidades agropecuarias y con el debate y la sanción de la ley de medios audiovisuales. En aquel entonces, como ahora, parecía haber sólo dos opciones posibles: o se estaba a favor o en contra del gobierno. En el presente, quien seleccione la primera opción será tildado de irresponsable por negarse -supuestamente- a cumplir el meneado fallo del juez Thomas Griesa sobre la deuda que no ha sido “reestructurada”; quien vaya por la segunda, será acusado de traidor y cipayo por oponerse a la epopeya patria de Cristina Fernández. Y sin embargo este relato maniqueo de la odisea argentina es falso. Las cosas no son realmente como se las pinta, nadie dice toda la verdad y hay mucho discurso para la tribuna:

- Es falso que el gobierno se haya negado a pagar la deuda externa. Como ya ha sido suficientemente comprobado –Club de París, CIADI, Repsol- este gobierno es un pagador serial. Simplemente lo que busca es pagar en las mejores condiciones, que en castellano significa pagar lo menos posible. 

- Es falso, por lo tanto, que las acciones emprendidas por el gobierno representen una cruzada patriótica. La “malvinización” del enfrentamiento con los capitalistas que no aceptaron el plan de pagos original –los llamados hold outs o “fondos buitre”- es un recurso discursivo útil para conseguir adhesiones en los frentes interno y externo. Solo eso.

- Lo realmente patriótico sería investigar cuál es la deuda legítima. Alguien ya lo hizo: fue el juez Jorge Ballesteros, quien en un fallo que está firme dictaminó: “La deuda externa de la Nación ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del Estado” (ver http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4160-2010-01-24.html). La deuda de la dictadura 1976-1983 es el huevo de la serpiente de la actual deuda. Pero luego de aquella investigación de Ballesteros poco se hizo para determinar su verdadera legitimidad.

- Y, por último, es una falsedad agitar el fantasma del default. Argentina ya ha vivido en esa situación. También lo han hecho otros países. Y nadie se murió por eso. Los políticos y periodistas que se rasgan las vestiduras por una eventual imagen negativa de una Argentina defaulteada frente a la “comunidad internacional de negocios”, deberían confesar que en realidad están haciendo lobby a favor de los intereses de sus empleadores y/o a favor de sus intereses políticos. 

DOS A QUERERSE 

A nadie en el gobierno le causó sorpresa el procesamiento de Amado Boudou. Es más, lo esperaban. Porque el gobierno sabe mejor que nadie que el vicepresidente está más que comprometido. Y lo sabe porque fue desde el mismo gobierno –cuando Néstor Kirchner aún vivía- que bajaron la orden de apropiarse de la empresa Ciccone. Las pruebas en este sentido son irrefutables. Alguien “vio” el negocio de quedarse con una firma que, pese a disfrutar de una posición monopólica en el métier imprentero de alta calidad, estaba en dificultades financieras y se lo llevó a Kirchner. Sacaron cuentas, calcularon jugosas utilidades y don Néstor dio el sí. Pero tuvo la mala idea de encomendarle a Boudou la confiscación de la calcográfica. El rockero marplatense hizo las cosas a su manera: mal. Su torpeza fue tan mayúscula que permitió la acumulación de innumerables y comprometedoras pruebas en su contra. Si su procesamiento no se produjo antes fue por la temerosa mesura del fiscal Di Lello y el juez Lijo –quienes no podían creer todo lo que se había acumulado en el expediente-, y por todas las chicanas judiciales que interpuso Boudou, entre ellas nada menos que la de lograr desplazar al fiscal y al juez originales de la causa y al Procurador General de la Nación, Esteban Righi.

Pero ahora ya es tarde para lágrimas. Y lo peor es que vendrán más. Ya están prontas las indagatorias a Boudou en otras causas, entre ellas la de su –supuesto- enriquecimiento ilícito. La pregunta del millón es que hará su más entusiasta defensora, Cristina Fernández. El dilema es shakespereano: si lo sostiene en su puesto, se dañará políticamente, y si le ordena que pida licencia, también. Como le hizo decir don William al príncipe Hamlet: 

“Ser o no ser - esa es la cuestión: Si es más noble para el espíritu: sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un mar de problemas”


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Bahuen Hotel



PELIGRA UNA EMBLEMÁTICA EMPRESA RECUPERADA Y AUTOGESTIONADA POR SUS TRABAJADORES 

Después no digan que no avisé. El Bauen Hotel vive un momento crítico. No sólo eso: la suerte del hotel es un símbolo de lo que está pasando en el país en los últimos años, con la entrada de capitales de origen dudoso a través de maniobras oscuras que acompañan el fuerte crecimiento de la influencia del narcotráfico y los narcodólares en Sudamérica en general y en la Argentina en particular. 

Por Santiago O´Donnell 

El lujoso hotel del centro de Buenos Aires valuado en unos 20 millones de dólares, es manejado por una cooperativa de empleados desde que sus dueños lo abandonaron en plena crisis del 2001. Desde entonces el hotel convirtió en un ejemplo mundial de autogestión y recibió el apoyo de figuras internacionales como la fallecida ex primera dama francesa y activista Danielle Mitterand, el actual presidente boliviano Evo Morales y el semiólogo estadounidense Noam Chomsky.

Ahora los viejos dueños que habían abandonado el hotel quieren recuperarlo y hacerse cargo de la administración y poner fin a la autogestión. El grupo encabezado por el empresario Marcelo Iurcovich tiene un fallo judicial que lo reconoce como dueño del hotel y la policía está habilitada para avanzar con el desalojo. La jueza a cargo del caso, Paula Ualde, podría dar esa orden en cualquier momento.

La noticia me toca de cerca porque hace siete años publiqué una investigación periodística sobre las maniobras y los manejos del grupo económico que encabezan los viejos dueños del Bauen, el mismo grupo que hoy pretende recuperar el inmueble de la Avenida Callao y el negocio turístico que allí se explota.

La investigación encontró que el grupo económico era parte de un complejo entramado de empresas, algunas truchas, o fantasma, o con directorios compuestos por prestanombres, vinculadas a su vez con empresas off shore inscriptas en Uruguay por el estudio Posadas, Posadas & Vecino y la escribanía Etcheverrito, ambos vinculadas al lavado de dinero en el 2000 por el informe la Comisión Antimafia del Congreso argentino que presidió Elisa Carrió.

A esta telaraña empresaria se sumaba una estrecha relación entre los negocios de grupo Iurcovich con la hoy cerrada financiera Finvercon. Finvercon había sido comprada por el banco estadounidense Wells Fargo en 1997 y cerrada por el mismo banco pocos meses después , asumiendo una pérdida multimillonaria. Según pude averiguar, contadores vinculados a la financiera habían descubierto maniobras sospechosas entre la financiera y empresas y personas vinculadas a los viejos dueños del hotel, incluyendo préstamos abultados a una agencia de turismo propiedad del grupo Iurcovich,  que excedían por mucho el valor de la agencia. Cuando los contratados argentinos por Wells Fargo descubrieron que estas maniobras podrían estar vinculadas al lavado de dinero del narcotráfico con ramificaciones en Brasil, dieron un paso al costado. Entonces el Banco Wells Fargo contrató a la agencia de Paul Magallanes, un ex agente del FBI basado en Los Angeles, parta completar la investigación de las presuntas maniobras ilícitas. El informe de la agencia Magallanes, que no se hizo público, determinó la liquidación de Finvercon y la apurada salida del país de Wells Fargo.

Mi investigación también descubrió que el primer accionista del grupo que quiere recuperar el hotel bajo el sello Mercoteles, el gestor Juan Carlos Hernández, fue sancionado en el 2005 por la Inspección General de Justicia por representar a una off shore uruguaya inscripta en Chubut para eludir ventas inmobiliarias hechas en Buenos Aires. Como comprador de esos inmuebles figura el actual apoderado de Mercoteles, Gerardo Palomero, quien a su vez declaró a la IGJ que el histórico contador de los Iurcovich, Carlos Sterin, pagaba el alquiler en al menos dos de esos inmuebles. O sea, en una maniobra trucha sancionada por la IGJ, el dinero supuestamente iba y venía entre distintas personas vinculadas al grupo Iurcovich sin que las autoridades se enteraran porque las operaciones se triangulaban via Chubut.

Eso no es todo. Tal como publiqué en su momento, pude averiguar que el supuesto empresario que le habría comprado el hotel al grupo Iurcovich cuatro años antes de quebrar y cerrar el hotel, Félix Solari, reúne las características de un prestanombres, ya que no posee antecedentes en el rubro ni en ningún emprendimiento comparable a la compra de un hotel, ni estaría en condiciones de justificar de dónde sacó los cuatro millones de dólares con los que habría señado la compra del Bauen para hacerse cargo del negocio en 1997. Según el abogado de Solari, Gabriel Jaijel, citado en mi investigación, "Solari pasó de vivir en la suite principal de Bauen a un galpón prestado de un familiar en Avellaneda." Y de dueño de un hotel de lujo, Solari pasó a trabajar como empleado en una parrilla del centro de esta ciudad, añadió su abogado. Tampoco se entiende cómo hizo Mercoteles, con un capital declarado de 25,000 pesos-dólares al constituirse en el 2001, para comprar el Bauen cinco días después pagando 1.6 millones de la misma moneda.

En el 2012 la revista uruguaya Brecha vinculó a distintos miembros de Mercoteles con denuncias por lavado de dinero. Bajo el título "¿La cooperativa del Bauen en manos de lavadores uruguayos?" el texto señala que Marcelo Hilario Gardella, el primer presidente de Mercoteles, también fue investigado por lavado de dinero por la comisión antimafia del Congreso argentino. Además, una empleada del estudio Etcheverrito, Angela Díaz,  "integraba el directorio de First Investment, otra de las empresas ligadas a la triangulación de testaferros en torno al Bauen,"  informó Brecha. 

Como conté en el 2007, a lo largo de los años el grupo Iurcovich que reclama el Bauen ha contado con la protección de influyentes políticos, empezando por el intendente Cacciatore y el contraalmirante Lacoste en la época de la dictadura, quienes facilitaron un crédito del banco Banade para construir el hotel que aún permanece impago. Mi investigación descubrió distintas relaciones con las intendencia de Grosso y las jefaturas de gobierno de Ibarra, Telerman y De la Rua. A esto se suma que la actual apoderada de Mercoteles es comunera del PRO, el partido del actual jefe de gobierno Mauricio Macri.  Lo cual parecería explicar la aparente falta de entusiasmo por parte de la justicia para investigar todos las sospechas  de actividad ilícita que manchan la historia del hotel hasta su eventual vaciamiento.

En mi último libro, Politileaks, cito un cable de la embajada estadounidense que menciona cómo los argentinos "se encogen de hombros" ante el enriquecimiento desmedido de sus gobernantes, por una compra millonaria de dólares que hizo el entonces ex presidente Néstor Kirchner en el 2008, según él para comprar un hotel, hotel  que hoy está siendo investigado por presunto lavado de dinero a través de empresas controladas por el empresario socio del matrimonio Kirchner, Lázaro Báez. 

Entonces estamos todos avisados. Los argentinos tenemos a los gobernantes, a la justicia, a los empresarios, a los capitales y a los hoteles que toleramos. Los que aceptamos sin chistar aunque no gusten por miedo, desidia o conveniencia. Así será si nada cambia.

Es decir, autogestionado por sus empleados, respetado y querido en el mundo, o manejado por oscuros empresarios con protección de los políticos de turno, tendremos el Bauen que supimos conseguir, el que nos merecemos. 

http://santiagoodonnell.blogspot.com.ar/ 

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Transnacionales y derechos humanos, un trabajoso paso adelante



UNA PROPUESTA PARA CONTROLAR A LAS CORPORACIONES 

El pasado jueves 26 de junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra sometió a votación una iniciativa de Ecuador y Sudáfrica tendiente a crear un grupo de trabajo con el mandato de elaborar “un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas.” La propuesta tenía como objetivo avanzar en el armado de un marco legal regulatorio del comportamiento de las grandes corporaciones a los efectos de impedir los abusos o las violaciones a los derechos humanos producidos como consecuencia de sus actividades. Los considerandos del proyecto se apoyaban en las numerosas resoluciones y normas de las Naciones Unidas relativas a la protección de los derechos humanos e, indirectamente, en una propuesta (aunque no fue explícitamente mencionada en los considerandos) ventilada en el seno de esa organización en la década de los setentas del siglo pasado. 

Por Atilio A. Boron 

En aquella oportunidad la inercia todavía latente de los procesos de descolonización en Asia y África y el surgimiento de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina (el Chile de Allende, la Asamblea Popular de Juan J. Torres en Bolivia, la Revolución Peruana de Velasco Alvarado y la presidencia de Luis Echeverría en México) hizo posible la construcción de un amplio consenso en el seno de la ONU relativo a la necesidad de someter a las empresas transnacionales a reglas de carácter universal más allá de las que pudieran adoptar las legislaciones de los estados, en muchos casos demasiado débiles para resguardar la soberanía nacional sobre sus propias riquezas y recursos naturales. Atento a estas consideraciones el Consejo Económico y Social de la ONU propuso la creación de una comisión y un Centro de Estudios sobre las Corporaciones Multinacionales con el propósito de elaborar un Código de Conducta para estas empresas. Por supuesto, para los ojos de la burguesía esto era una intolerable afrenta a sus intereses porque se proponía modificar la relación de fuerzas entre sus empresas y los países anfitriones amén de ser un inadmisible obstáculo a la irrestricta movilidad internacional que era una de las fuentes principales de las superganancias que obtenían en el llamado Tercer Mundo. De ahí que esa iniciativa diera origen a ásperas controversias, agravadas por los efectos de la llamada “crisis del petróleo” de 1973, entre el bloque de gobiernos del capitalismo avanzado -liderado por Estados Unidos y secundado por los países europeos y Japón- y el por entonces Grupo de los 77 más los países que por entonces conformaban el campo socialista. Las tácticas dilatorias de los primeros sumadas a la esclerosis burocrática de los organismos de Naciones Unidas precipitaron el abrupto fin de las negociaciones cuando con la elección de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos las burguesías metropolitanas pasaron a la ofensiva, derrotaron a los movimientos y fuerzas políticas que desde Mayo de 1968 acosaban la dominación del capital y eliminaron de la agenda de la ONU el proyecto. Hasta ahora.

La propuesta discutida en Ginebra días atrás retomó, con las necesarias actualizaciones, algunas de las preocupaciones que motivaron aquel intenso debate de los setenta. Sólo que en este caso, y en el seno del CDH de la ONU, la iniciativa fue puesta a votación y aprobada, por escaso margen, pero aprobada al fin. [1] Votaron a favor de la propuesta de Ecuador y Sudáfrica un total de 20 países, con 14 votos en contra y 13 abstenciones. Lo preocupante del caso es que de los 9 países de América Latina y el Caribe que integran el CDH sólo dos acompañaron con su voto la iniciativa ecuatoriana: Cuba y Venezuela. Desgraciadamente Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú se abstuvieron. En cambio Argelia, China, Filipinas, India, Indonesia, Pakistán, Rusia y otros acompañaron la resolución al paso que, previsiblemente, Estados Unidos, los países europeos y Japón votaron por la negativa. Sorprendente, decíamos, la conducta de los países latinoamericanos; sorprendente y suicida agregaríamos, porque si hay un tesoro que se debe preservar de la voracidad de las transnacionales es la enorme riqueza de bienes comunes que tiene Nuestra América, sede de las mayores reservas mundiales de agua, petróleo, biodiversidad y minerales estratégicos, en pos de las cuales las grandes empresas, transnacionales o no, están dispuestas a violar la totalidad de los derechos humanos en caso de que fuera necesario. ¿Cómo pudieron los representantes de esos seis países de América Latina y el Caribe no solidarizarse con una iniciativa de nuestros hermanos del Ecuador y Sudáfrica, víctimas de brutales saqueos a manos de las transnacionales, como lo prueba de manera espeluznante el desastre ambiental y humano dejado por la Chevron en la Amazonía ecuatoriana? ¿O es que pueden ser tan ingenuos (para no utilizar un término más ofensivo) como para suponer que la catástrofe producida en Ecuador es un desafortunado accidente que para nada refleja el modo de actuación de las grandes empresas, sobre todo en los países de la periferia?


Puede ser comprensible que Chile, Costa Rica, México y Perú -países seducidos por el canto de sirena y las engañifas de la Alianza del Pacífico y sumamente proclives a obedecer las órdenes de la Casa Blanca- se hayan plegado al mandato de Estados Unidos y sus aliados. ¿Pero cómo explicar que también lo hayan hecho Argentina y Brasil? El delegado argentino, ¿se habrá abstenido para no desgraciar a su país con la Chevron, involucrada activamente en la explotación de los yacimientos de petróleo no convencional de Vaca Muerta o para no entorpecer las cordiales relaciones establecidas con las transnacionales mineras que están destruyendo el ecosistema de la cordillera de los Andes? Y el representante del Perú, ¿se olvidó de los desastres que la Newmont Mining Corporation está haciendo en Cajamarca o la Xstrata en el Proyecto Tintaya? Y el de Brasil, ¿ignora la devastación ambiental y social producida en Carajas, en la Amazonía, donde una transnacional instaló la mayor mina de hierro a cielo abierto del mundo? No es esta la ocasión para seguir agregando numerosos ejemplos del impacto violatorio de los derechos humanos perpetrado por las transnacionales en cada uno de los países que se abstuvieron de acompañar con su voto a Ecuador y Sudáfrica. Con lo dicho basta y sobra. [2] 

Para comprender los alcances de esta iniciativa y por qué la misma tendría que haber recibido el apoyo unánime de los países latinoamericanos y caribeños presentes en Ginebra conviene reproducir las declaraciones de Stephen Townley, el representante de Estados Unidos ante el CDH. Luego de conocido el resultado de la votación dijo que “Estados Unidos no participará en esta iniciativa de crear un grupo de trabajo con los propósitos ya establecidos y alentaremos a otros miembros del CDH a actuar de la misma manera.” “Alentaremos” quiere decir, en este caso, “presionaremos”, tal como lo hiciera con su activa militancia para impedir la creación de la Corte Penal Internacional. Como diría el maestro Noam Chomsky, ¡he ahí una clase práctica de lo que Washington entiende por democracia! Si se vota lo que EEUU quiere su resultado es aceptado; en caso contrario, la “regla de la mayoría” se arroja al cesto de la basura y el imperio declara su repudio a la nueva norma y promueve la generalización de su desobediencia. Townley hizo también una trascendental aportación al derecho internacional y la ciencia política cuando dijo que las resoluciones que por mayoría pudiera emitir el Grupo de Trabajo de la ONU ¡no serían de cumplimiento obligatorio para los países que votaron en contra de su creación! En otras palabras: Washington se opone ex ante a cualquier proyecto de regulación de las transnacionales y de protección de los derechos humanos aún sin saber cual habrá de ser su contenido (que será el producto de dos años de futuras negociaciones) y si finalmente se concretará en un tratado o convenio internacional.

No debería sorprender esta declaración si se recuerda que su país es un incumplidor serial de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Ejemplos: caso del minado de los puertos de Nicaragua en la década de los ochenta, y del no otorgamiento de asistencia consular a ciudadanos mexicanos que, sin contar con el auxilio de traductores, fueron sentenciados a penas de muerte en Estados Unidos. [3] Obviamente, este personaje no tiene la menor idea de lo que quiere decir la palabra “democracia”, lo que es la ONU y lo que se supone debe ser la construcción de una legalidad internacional que torne al mundo en un lugar más justo para vivir. Previsiblemente, los peones europeos siguieron la voz del amo y con impúdica deshonra se apresuraron a declarar lo mismo, arrojando por la borda los últimos restos de la tradición democrática europea.

Para concluir: una victoria muy importante y que pese a la deplorable deserción de algunos países de América Latina y el Caribe cuenta con el aval de la constelación de actores que en la vida práctica están dando a luz un nuevo orden internacional crecientemente multipolar y en el cual la hegemonía de Estados Unidos se encuentra cada vez más menoscabada. [4] Asombra la deserción de Brasil, apartándose de sus socios del BRICS que en su totalidad votaron a favor de la propuesta de uno de sus miembros, Sudáfrica, lo que pone de relieve, por enésima vez, la clásica anfibología de Itamaratí: estamos en el BRICS pero subrepticiamente votamos con Estados Unidos. ¿Con quién están, seriamente hablando? Sorprende y mucho consterna la defección de la Argentina, que tiene más de un motivo para preocuparse por el tema dada la creciente importancia que la explotación de los recursos mineros e hidrocarburíferos tiene en su actual estrategia económica y la sintonía política existente con el gobierno de Rafael Correa. Confiemos en que esta vez, a diferencia de lo ocurrido el siglo pasado, una nueva versión del código de conducta de las transnacionales pueda ser aprobado y llevado a la práctica para poner fin a sus interminables tropelías. Y que los países latinoamericanos que la semana pasada se abstuvieron –sobre todo Argentina y Brasil- replanteen su postura y colaboren activamente en las labores de la comisión que estará encargada de preparar la nueva normativa. En suma: lo ocurrido días atrás en Ginebra fue un pequeño paso adelante; pequeño pero significativo. La mejor prueba de su importancia la ofrece la desaforada reacción de los representantes del poder de las transnacionales, que no ahorrarán esfuerzos para frustrar la concreción de la digna y valiente iniciativa propuesta por Ecuador y Sudáfrica. Como dicen que dijo el Quijote (aunque esto también está en disputa), “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”. 

Notas: 

[1] Se trata de la Resolución HRC 26th-25/06/2014-A/HRC/26/L.22/Rev.1 Es preciso aclarar que contrariamente a lo anunciado por algunos medios no se trató de una votación realizada en la Asamblea General de la ONU sino en el CDH, que es un organismo especializado de esa organización internacional. Sus resoluciones pueden, eventualmente, ser recogidas por la Asamblea General y, en ciertos casos, dar origen a tratados internacionales que obliguen a sus signatarios a dar cumplimiento a la normativa en ellos establecidas, cosa que no siempre ocurre. Por eso decíamos desde el principio que es un paso adelante, muy positivo, pero que todavía queda un largo trecho por recorrer.

[2] Una visión panorámica de los desastres ambientales y violaciones a los derechos humanos de las transnacionales lo ofrece Hedelberto López Blanch en “Los daños de las transnacionales en Latinoamérica”, en Rebelión, 9 Abril 2012. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147719 Un estudio exhaustivo sobre los estragos de las transnacionales en América Latina y el Caribe se encuentra en José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati, Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América (Buenos Aires: Herramienta, Editorial El Colectivo y GEAL, 2013)

[3] Para un examen del sistemático incumplimiento de las normativas del derecho internacional por parte de Washington ver nuestro (en co-autoría con Andrea Vlahusic) El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pp. 63-74. 

[4] Hemos examinado en detalle este tema en nuestro América Latina en la Geopolítica del Imperialismo (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2012) 

http://rebelion.org/ 

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“El actual presidente fue el encargado de realizar el genocidio Ixil y del engranaje de la inteligencia militar”



ENTREVISTA A PAULO ESTRADA, ARQUEÓLOGO Y MILITANTE GUATEMALTECO 

Paulo Estrada es arqueólogo y militante guatemalteco, hijo de padre y tío desaparecidos en los años 80, durante las últimas dictaduras militares en su país. Los rasgos físicos de Paulo evidencian que hay sangre originaria corriendo por sus venas mestizas, por lo que en esta entrevista repasamos el proceso militar en su país que duró 36 años, el genocidio y la desaparición de personas, las más de 440 aldeas mayas arrasadas por el ejército guatemalteco, la complicidad de la oligarquía, las iglesias evangélicas y parte de la iglesia católica, y la CIA y el gobierno imperialista norteamericano. Y además la complicidad del movimiento New Age con todo el rollo de las profecías mayas y el mentado (y fallido) apocalipsis del 2012. También hablamos de la situación hoy en Guatemala, frente al saqueo de las trasnacionales mineras y el agronegocio, y la complicidad del gobierno actual, en manos del ex militar (y genocida) Otto Pérez Molina, y la persecución, amenazas y hostigamiento que padecen Paulo y su madre, sólo por reclamar por justicia por sus familiares asesinados hace más de 30 años. 

Por Xuan Pablo Gonzalez 

Hay una continuidad entre el genocidio de la Conquista - Descubrimiento de América y las dictaduras cívico-militares neocoloniales del siglo XX, y hasta el día de hoy en el siglo XXI. Y aunque sabemos la verdadera historia, que dice que a la llegada de los españoles a la actual Guatemala, hubo una resistencia guerrera maya, liderada por Tekúm Umán, es la falsa historia, la más difundida, y no sólo por algunos libros académicos de historia oficialista, sino también por falsos gurúes de la cultura maya, como el difunto y semigringo José Argüelles, la que se impone. Pero para revertir el “relato” dominante del capitalismo, están las otras voces, silenciadas, olvidadas, orales y populares, que vuelven a hablar y nos refrescan la memoria perdida. Por eso, dejamos paso a lo que nos cuenta Paulo, sobre la memoria de la lucha de su padre y tío, y la del pueblo guatemayateco.  

¿En qué circunstancias desaparecieron tu viejo y tu tío? 

Mi papá y mi tío desaparecieron en el gobierno de militar de facto de Oscar Humberto Mejía Victores, el cual implementó el plan contra insurgente “Firmezas Institucional 84”: dicho plan seguía las recomendaciones de Henry Kissinger en el cual le exigía al gobierno militar reactivar la economía y regresar a la falsa democracia. Mi papá Otto René Estrada Illescas y mi tío Julio Alberto Estrada Illescas, siendo parte del Partido Guatemalteco del Trabajo se encontraban organizados dentro de la estructura clandestina del partido y por lo tanto en los frentes urbanos, los cuales eran integrados por líderes sociales, sindicales, estudiantiles entre otros compañeros. Durante los primeros 10 meses de gestión de Mejía Victores los casos de desaparición forzada aumentaron de manera especial, sus escuadrones de la muerte integrados por militares y apoyados por las fuerzas policiales detuvieron, secuestraron, violaron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de guatemaltecos comprometidos con su sociedad. Mi padre es capturado primero, el 15 de mayo de 1984 por la mañana; al momento de enterarse mi madre y mi tío empezaron a buscarlo por los hospitales, cuerpos de policía y morgues. En esta labor de búsqueda es que mi tío queda expuesto y es capturado el 14 de Junio del mismo año. 

Actualmente estás amenazado en tu país. Eres un perseguido político… ¿Qué te llevó a ese “autoexilio” en el que pasaste por Argentina? 

Pues actualmente Guatemala se encuentra en un momento histórico que se ve reflejado en su coyuntura y en la manera de gobernar de las autoridades de turno. El actual presidente Otto Pérez Molina fue el encargado de realizar el genocidio Ixil y fue parte del engranaje de la tan temida inteligencia militar. Sumándole la realización del juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, el cual revive en la población aquellos años de miedo y persecución, ha hecho que las políticas de estado para combatir la conflictividad social sean la criminalización, el acoso y el intimidamiento de muchos defensores de derechos humanos. Bajo este contexto, es que he sufrido varios mensajes y llamadas telefónicas donde se me trata de persuadir de abandonar la búsqueda de mi padre y mi tío, y asimismo de varios carros (automóviles) sospechosos y personas fuera de mi casa controlando mis entradas y salidas, varios momentos de intimidamiento con seguimiento a mi madre y a mi persona. Es por esta razón que decido salir por un tiempo para enfriar ciertos lugares y cambiar rutinas. 

Desde la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala dicen que hubo 45.000 detenidos desaparecidos durante 36 años de guerra, pero mi recuerdo de cuando estuve en Guatemala, las cifras eran algo mayores, como me confirmaste vos personalmente. ¿Cuál es la cifra real? 

Bueno la cantidad de desaparecidos que según la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el REMHI, la sitúan en 45.000; y la cantidad de personas muertas tanto por masacre o como ejecuciones extrajudiciales se sitúa en 200.000. Estas cifras son muy apegadas a la realidad, los grupos que realizaron dichos informes no fueron órganos institucionales sino grupos de investigación independiente y la iglesia católica. Pero tomemos en cuenta que en el contexto y la manera como se dio la represión hace que no toda la información sobre personas secuestradas o asesinadas fueran puestas en los órganos correspondientes, ya que fue una parte de la guerra contrainsurgente, el que las autoridades mismas acusaran a las organizaciones que buscaban desaparecidos de subversivas y que fueran atacadas por el poder militar, tratando con esto de llevar el miedo a los familiares sobrevivientes. También existe la evidencia de una política de aniquilamiento de familias enteras, en algunos casos sólo una persona de los núcleos familiares pudo sobrevivir, por lo que hubo muchas personas sobrevivientes que logran salir al extranjero que no lograron poner los nombres de sus familiares en estas listas. 

La proporción de desaparecidos en Guatemala (45.000 sobre una población de menos de 10 millones) es mucho mayor que acá en Argentina (30.000 sobre una población de 25 millones, en los años 70). Sin embargo el caso de Argentina cobró cierta repercusión internacional, mientras en Guatemala, pese al trabajo de gente como (la Premio Nobel) Rigoberta Menchú, la situación sigue silenciada. ¿Qué explicación le encontrás a esto? ¿Acaso la mayor cercanía con EE.UU. y su TLC ejerce mayor censura? 

Bueno me cuesta decir esto porque no me enorgullece pero nos reconocen a nivel internacional por el alto nivel de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el mal llamado Conflicto Armado Interno. En mi opinión personal creo que se dieron varios aspectos para que se entorpeciera este acceso a la justicia a nivel tanto nacional como internacional. En el caso del genocidio guatemalteco, la oligarquía juega un papel importante ya que al estar el ejército de Guatemala sin apoyo militar de Estados Unidos, son ellos los que financian al ejército en su lucha por mantener su estatus quo. En Guatemala que es un país tan pequeño que puede ser comparado con una finca, la oligarquía crea arbitrariamente leyes o puntos resolutivos por medio de sus lacayos diputados del congreso, como es el más  reciente caso en el cual se desconoce el genocidio en el país ya que es algo que crea conflictividad social, sin embargo el congreso no aprueba desde hace 18 años que en los falsos Acuerdos de Paz se solicita, la creación de la ley para la búsqueda de personas desaparecidas. Acá incluso después del juicio contra Ríos Montt, fue de conocimiento público que Zury Ríos, hija del genocida se reuniera en la casa presidencial con las familias poderosas de la oligarquía tradicional a pedirles que anularan la sentencia o iban a empezar a dar nombres de las familias que financiaron los crímenes de lesa humanidad e incluso utilizó el caso de Argentina de ejemplo de lo que les podía suceder. El país imperialista del norte también tiene que ver ya que ellos son responsables del adiestramiento de los genocidas y es de conocimientos público el papel de funcionarios norteamericanos en la política centroamericana: más en Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Me acuerdo de cuando estuve en Guatemala (años 2003-2004) el milico y ex presidente genocida Ríos Montt (algo así como el Videla o el Pinochet guatemalteco), tenía la caradurez de postularse a presidente democrático. Y ahora me contás que actualmente el presidente de Guatemala es un ex represor del gobierno genocida aquél de Ríos Montt. ¿Cómo pudo suceder? ¿Tenemos en Latinoamérica pueblos con tan poca memoria, y tan fácilmente manipulados por los medios de comunicación, o es el síndrome de Estocolmo, que hace que algunos latinoamericanos amen a sus torturadores y asesinos, como se dio el caso de Bussi acá en Tucumán, o como otros que recuerdan con buenos ojos a Videla (acá en Argentina), o a Pinochet (en Chile)? 

Creo que es un poco de todas las cosas que mencionas. En el caso de Guatemala, se le suman otros factores, como el nivel pobreza y analfabetismo, la pérdida de la memoria histórica por el miedo que se vive actualmente en las familias guatemaltecas, el nivel de violencia está como un distractor constante, hay varias cosas. Después de los Acuerdos de Paz se propuso la reforma del pensum escolar para que se supiera la verdad de lo que había ocurrido, tomando en cuenta la responsabilidad de la mayoría de crímenes contra la población fueron realizados por los gobiernos militares esto no se ha cumplido. Los criminales ahora son parte de una elite militar-empresarial que está muy inmersa en las esferas políticas, es fácil ver partidos políticos con militares influyentes y a mi manera de ver las cosas utilizar al generalato senil y el más reciente como imagen de seguridad nacional. Hasta ahora que se lleva a cabo el juicio por genocidio en contra de Ríos Montt se está aceptando y volviendo a hablar sobre aquellos años oscuros de la historia. Cabe recordar que Ríos Montt es un personaje que lleva 40 años en la política guatemalteca, ganó elecciones democráticas en el 74´ y se las robaron, fue jefe de gobierno de facto y posteriormente presidente golpista, fue diputado y posteriormente presidente del Congreso de Guatemala: es una persona que conoce muy bien las leyes y política del país, fue la cabeza tras el gobierno de Alfonso Portillo, y llevarlo al banquillo de los acusados es un logro impensado por muchos guatemaltecos. Actualmente el presidente Otto Pérez Molina se ha agarrado al tema de las maras y la violencia que se vive en el país, como tema de su propaganda tanto de proselitismo como ya de gobierno en turno. El logro de ganar elecciones con los votos de las zonas de clase alta de la ciudad, a nivel de departamentos estuvo bastante reñido y esto nos demuestra el temor hacia que un militar te gobierne. La pobreza juega un papel importante al momento de hacer campaña electoral por que se regalan láminas para los techos, bolsas de útiles escolares, granos básicos con tal de conseguir un voto en las urnas. Asimismo la llegada al poder del actual presidente está ligada a visitas a Estados Unidos durante su campaña, así como a varios movimientos en la política con complicidad con las esferas militares-empresariales, los cuales permitieron que se detuviera el proceso legal en su contra por la desaparición forzada y ejecución del Comandante Guerrillero de Efraín Bamaca Velásquez. Durante el juicio por genocidio a Ríos Montt un testigo lo menciona a él como el encargado de la base militar “Gumarcaaj”, la cual fue la realizadora del plan de operaciones “Sofía”, por lo que es responsable de las 1.771 muertes que menciona la sentencia (ver más en  https://drive.google.com/folderview?id=0BxOjd8OI5wmhcUhNU3ZMQy1TeUU&usp=sharing). Hoy en día vemos al presidente impulsar reformas de ley para que no se hable de genocidio, ni crímenes de lesa humanidad, queriendo alargar el tiempo del periodo de mandato del presidente, diputados, alcaldes y magistrados de justicia; más que falta de memoria o síndrome de Estocolmo se observa cómo están tratando de blindar un sistema que se les ha ido demostrando que tienen fisuras por las cuales pueden perder el estatus quo y pierdan el control político-económico del país. 

(Fin de la primera parte)  

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