8 de julio de 2013

“Es una humillación a Bolivia y un atentado contra la vida de Evo Morales”



EL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, VÍCTIMA DE LOS ATROPELLOS DEL IMPERIALISMO  

Los gobiernos de Francia, Portugal, España e Italia prohibieron el sobrevuelo del avión donde viajaba el presidente Evo Morales porque supuestamente en la aeronave se encontraba Edward Snowden, ex agente de la CIA. Snowden está buscando asilo político porque actualmente es perseguido por Estados Unidos debido a que reveló un masivo caso de espionaje del gobierno norteamericano. La respuesta de Latinoamérica y de Evo Morales. 

Por Marcelo J. Levy

“Esta lucha no es por Evo, es por los pueblos”, señaló El presidente al llegar a su país.

“Nunca nos van a intimidar. Nunca nos van a asustar, porque ahora somos un pueblo con dignidad y soberanía. Ya no somos un pueblo de colonias”, declaró Morales. Los sucesos que vivió el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia son una muestra más de que la división entre centro y periferia, no está terminada. El abroquelamiento atrás de intereses imperiales, como lo fue el hecho de suponer que Edward Snowden estaba en el avión presidencial, siempre terminan poniéndose sobre el tapete.

La respuesta de Evo Morales no tardó en llegar: ofreció asilo humanitario al ex-agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Edward Snowden y se sumó así al grupo de naciones suramericanas dispuestas a brindar protección si se dan las condiciones para efectuarlo.

Con esta declaración, Bolivia se sumó a la lista de países que como Ecuador, Nicaragua y Venezuela, han ofrecido asilo político al ex agente estadounidense que es perseguido en su país por revelar datos de una polémica operación de espionaje que alcanza escala mundial.

Este hecho no solamente demuestra el verdadero concepto que tiene Europa sobre Bolivia, sino además, y no menos importante, el lugar en que se ubicó cada una de las naciones latinoamericanas tras los sucesos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la agresión sufrida por el presidente boliviano.

“Si me preguntaran quién fue el responsable directo del cierre de los espacios aéreos del avión presidencial, que está protegido por la inmunidad internacional, respondería: fueron los jefes de la CIA”, aseveró el presidente venezolano.

La recién finalizada cumbre de presidentes de Unasur, tuvo como propósito expresarle a Evo Morales,  la solidaridad de los pueblos de Suramérica y de sus gobiernos respectivos.

La notoria ausencia en ese evento de los presidentes de Colombia, Chile, Perú y Paraguay, es decir Juan Manuel Santos, Sebastián Piñera, Ollanta Humala  y Horacio Cartes, tiene un mensaje político para lo que se viene en el continente.

Uno de los objetivos centrales de Estados Unidos se vislumbran en estas maniobras: minar a la Unasur con gobiernos reaccionarios y lacayos, para modificar la actual correlación de fuerzas en su seno, que en los actuales momentos es de 6 a 4, a favor del grupo de países bolivarianos, progresistas e inclusivos. Aquí es donde la presencia y la posición política, de los gobiernos títeres de Santos, Piñera, Humala y Cartes, calza perfectamente en los planes que se ha propuesto, el gobierno yanqui.

Los débiles e incontundentes mensajes, pronunciados por las delegaciones gubernamentales de Colombia, Chile, Perú y Paraguay, para condenar el vil atentado cometido en territorio europeo, además de demostrar una falta de solidaridad fehaciente con el líder indígena de América, son una demostración inequívoca de la brecha política e ideológica, que se ha profundizado en Unasur.

Todas estas acciones son expresión de la agresividad imperial de un sistema en crisis el cual se ve obligado a sobrepasar la ley para mantener sus poderes y sus designios. Para América Latina y el Caribe sólo queda la integración y la unidad si no queremos perecer en el intento válido de la lucha por la independencia y la soberanía.

Hoy, eso se debe expresar en la irrestricta solidaridad y apoyo al presidente Evo Morales y al pueblo boliviano. Como dijo el presidente Correa, “… o nos graduamos de colonias o reivindicamos nuestra independencia, soberanía y dignidad”
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Rebelión en la granja K



ELECCIONES LEGISLATIVAS: MASSA Y MOYANO LE DISCUTEN EL PODER A CRISTINA FERNÁNDEZ 

Cuando en el gobierno ya se habían acostumbrado a la partida de Hugo Moyano, la decisión de Sergio Massa de participar con su propio partido en la contienda electoral significó un golpe durísimo. Lo que más les molesta de Massa no es que haya decidido participar, sino que no vaya con el oficialismo. Con su actitud, el ex militante de la UCD ha decretado una segura derrota electoral del gobierno, lo que significa, en última instancia, la defunción del proyecto de la recontrareelección de la Presidenta Fernández. Mientras transcurren estas contiendas electorales, al gobierno se le presentan a diario otras batallas que debe librar, y pese a que algunos agoreros mal intencionados ya hablan del “fin de la etapa K”, el oficialismo no baja sus banderas ni abandona su tradicional costumbre de avasallar todo lo que pueda avasallar. Pero en sus desgracias, que las tiene y muchas, la culpa siempre es de los otros.   

Por Marcelo R. Pereyra

ENEMIGO ÍNTIMO

Hugo Moyano ya había partido lanzas. Decidido a apostarle fuerte a su proyecto político, el camionero hace rato que viene construyendo su imagen de líder de los opositores al gobierno. Muchos funcionarios lamentaron su alejamiento de las filas oficiales: don Hugo, con su importante aparato sindical, prestó importantes servicios al kirchnerismo en el pasado, por ejemplo cuando bloqueó las plantas de impresión de los diarios Clarín y La Nación. Sin embargo, la relación con la Presidenta se fracturó apenas el sindicalista insinuó una ambición política al hablar en el último acto que compartieron estando vivo todavía Néstor Kirchner.

 Hay quienes afirman que don Néstor no le hubiese soltado la mano al camionero. Son quienes tienen particular empeño en demostrar, aún desde la oposición, que “con Néstor era otra cosa”. Como quiera que fuere, son solo especulaciones que más que a rescatar la figura del ex Presidente tienden a atacar a su viuda. Como quiera que sea, lo único cierto es que Cristina Fernández se ganó un enemigo de fuste que se dispone a participar activamente en las próximas elecciones legislativas. En esa línea, acaba de organizar un paro de su sindicato y un acto en la plaza de Mayo donde le pegó duro al gobierno, criticando los planes Trabajar -que los llamó Descansar-, la asignación universal por hijo, las políticas para las economías regionales y la no actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

EL MASSASO

Para los que en el gobierno, lamentándolo o no, ya se habían acostumbrado a la partida de Moyano, la decisión de Sergio Massa, intendente de Tigre, de participar con su propio partido en la contienda electoral significó un golpe durísimo. El ex militante de la UCD, ex director de ANSES y ex jefe de gabinete del primer gobierno de la presidenta Fernández ya había dado muestras de rebeldía, o de traición según los K, cuando en las legislativas de 2009 presentó en su localidad una lista propia que encabezó su mujer, Malena Galmarini de Massa, hija de Fernando Galmarini, ex secretario de Deportes de Carlos Menem, ex funcionario de Eduardo Duhalde y acérrimo enemigo de los K.

Lo que más molesta en el gobierno de Massa no es que vaya solo, sino que no vaya con el oficialismo. Porque, misteriosa e inexplicablemente, encabezaba todas las encuestas de imagen y una vez lanzada su candidatura lidera todas las encuestas de intención de voto. Y no teniendo el oficialismo un candidato mejor a la vista, con gusto le hubieran “perdonado” sus deslices del pasado a cambio de que integrara la lista del Frente para la Victoria. Ahora, en cambio, la decisión de Massa ha decretado una segura derrota del gobierno que va más allá de perder algunos legisladores: significa, en última instancia, la defunción del proyecto de la recontrareelección de la Presidenta Fernández.

MIENTRAS TANTO...

Mientras transcurren estas contiendas electorales, al gobierno se le presentan a diario otras batallas que debe librar, y pese a que algunos agoreros mal intencionados ya hablan del “fin de la etapa K”, el oficialismo no baja sus banderas ni abandona su tradicional costumbre de avasallar todo lo que pueda avasallar. En sus desgracias, que las tiene y muchas, la culpa siempre es de los otros. Esto no es novedad en política: es común que un gobernante culpabilice a sus predecesores; el problema aquí es que los predecesores son los mismos.

Por ejemplo, ante el accidente de trenes en Castelar, que les costó la vida a tres personas e hirió a más de trescientas, el ministro Florencio Randazzo, titular de la cartera de Interior y Transporte, se defendió diciendo que “no se puede solucionar en un año lo que no se solucionó en cincuenta”. Se nota que no tuvo en cuenta que de esos cincuenta años los últimos diez corresponden a la actual administración. Pero no importa, la cuestión es tirar argumentos, no importa cuan desacertados o disparatados sean, para tratar de explicar de cualquier forma los problemas irresueltos. Lo que nunca debe hacer un funcionario es admitir su verdadera responsabilidad. Y dicho sea de paso, en el tema de los transportes esa responsabilidad tiene mucho, pero mucho, que ver con los negociados en la compra de material rodante y en los subsidios a las empresas concesionarias. Los ex secretarios de Transportes Jaime y Schiavi tienen mucho que ver al respecto.

El colmo de esta estrategia de nunca admitir las responsabilidades propias y buscar hasta debajo de los muebles conspiradores con intenciones políticas espurias, se dio la semana pasada, cuando el ministerio de Randazzo hizo circular un video que demostraría la negligencia del trabajador que conducía el tren que se estrelló contra otro en Castelar. Así como el ex piquetero, al parecer devenido en petrolero, Luís D'Elía tuiteó apenas conocido el accidente que era una maniobra (¿?) para perjudicar las aspiraciones políticas de Randazzo, al difundirse el video por las redes sociales muchos simpatizantes K se autoconvencieron de que, efectivamente, el maquinista había decidido estrellar su tren contra el otro y herir y matar personas porque el secretario general de su gremio, La Fraternidad, Omar Maturano, está peleado con el gobierno.

Estos dislates son indicativos de lo agonístico y maniqueo que tiene el pensamiento K en su concepción de la práctica y el pensamiento políticos. No son manotazos de ahogado frente a un inminente fin de ciclo. Está en su ADN desde hace mucho tiempo, incluso hasta desde antes que llegaran al poder Néstor y Cristina. Aunque ninguno de los dos lo sepa.


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Los Intocables



LA HEROICA RESISTENCIA DE FAMATINA Y CHILECITO A LAS MINERAS 

Las asambleas de Famatina y Chilecito enarbolaron siempre una consigna en común: "El Famatina No se Toca". Y con este espíritu ya han expulsado de su territorio a varias corporaciones megamineras, incluida la emblemática Barrick Gold. El triunfo más reciente se dio a conocer esta semana, cuando el gobierno de la Provincia de La Rioja tuvo que rescindir el contrato con Osisko. "Seguiremos luchando contra el colonialismo", expresaron las asambleas, reafirmando los valores intocables que garantizan la movilización popular. 

Por Eduardo Soler 

Las mineras vienen sin que las llamen y se van porque las echan. Al menos en los cerros riojanos, donde las asambleas ciudadanos han logrado un grado de organización y de lucha que es la mejor protección de El Famatina. La primera en irse fue la famosa Barrick Gold. Emblema por sus emprendimientos en San Juan, había llegado a La Rioja en 2005 pero tuvo que anunciar su retiro en mayo de 2007. La movilización estuvo inspirada por el triunfo de Esquel en 2003 y con la metodología del corte en Peñas Negras, a partir del 2006.

La lucha también acabó con el gobernador Ángel Mazza (ex Secretario de Minería de Menem). Ese fue el momento que aprovechó Luis Beder Herrera para asumir el poder y traicionar luego al pueblo. Hemos hecho un perfil de esta figura del "Menemismo K", que pasó de un discurso de apoyo a la lucha ambiental a negociar con las corporaciones megamineras trasnacionales. En un primer momento comenzó con empresas chinas, pero ninguna mantuvo sus intenciones.

Entonces vino Osisko. El 31 de agosto de 2011 firmó un acuerdo con EMSE (Energía y Minerales Sociedad del Estado) de La Rioja, que incluyó la entrega de 500 mil dólares "cash" a las arcas provinciales. Se preveía que las exploraciones duren hasta cuatro años, durante los cuales la empresa debía seguir invirtiendo. No lo hacía por beneficencia. Osisko se aseguraba el 70 por ciento de participación en el proyecto, con ganancias que se prometían millonarias. 

Sin embargo, la movilización fue madurando hasta llegar a su cumbre (nunca mejor dicho) en enero del 2012, cuando se logró la nacionalización de la lucha. El grito "El Fama No se toca" se escuchó tan fuerte que el intendente local, Ismael Bordagaray, abandonó los lineamientos del Frente para la Victoria y se unió a la lucha ciudadana. "Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes", fue la metáfora expresada por una asambleísta y señalada el grado al que había llegado el poder popular frente a la mera democracia representativa.

Luego llegó el "amague". En enero de ese mismo mes, la corporación Osisko anunció que "suspendía" el proyecto. Los medios masivos como Clarín, que publicitaron la protesta con fines políticos, dieron por terminado el conflicto, que también era fuerte en Catamarca. Los asambleístas demostraron nuevamente su lucidez y denunciaron que se trataba de una estrategia de desgaste en el tiempo. De hecho, el propio gobernador anunció que se lanzaría una "campaña de información" mientras durara la suspensión.

En este mismo marco, también la estrategia corporativa se relanzó. Desde el gobierno nacional se impulsó la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros) integrada por todas las provincias alineadas a la estrategia oficial. Contó con el apoyo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que en marzo lanzó con gran inversión el spot "Un mundo sin minería". Otra vez el discurso publicitario se imponía sobre el mensaje educativo, recordando las manuales censurados por el lobby minero.

Extractivismo neocolonial. En el medio, la Presidente Cristina Fernández no había podido evitar el tema. Semanas después, llamó a realizar un republicano "debate" sobre la megaminería, sin considerar que el modelo ya había sido impuesto sin consultas, como continuidad de la política neoliberal menemista. Más aún, el debate nunca se concretó. Solamente dejó para la historia la puesta en escena con el pseudo trabajador minero por cadena nacional. Y algún periodista que decía "A Famatina hay que pensarla", sin darse cuenta que el pueblo de Famatina piensa por sí mismo.

La punta de lanza fue en enero de ese año, cuando la Presidente criticó a "los ambientalistas" porque (a su criterio) no se preocupan por Malvinas, un tema en el que quiso acotar la lucha contra el colonialismo. Entre las diversas respuestas, se denunció vínculos entre los accionistas que operan en el Atlántico Sur y en la Cordillera de los Andes. "Este gobierno que reclama soberanía en las Malvinas, entrega nuestra cordillera y cerros, reserva mundial de agua dulce", expresó El Albarrobo con la Unión de Asambleas Ciudadanas.

No es casual que en el documento que analiza la rescisión del contrato entre la Provincia de La Rioja y la corporación Osisko, las asambleas escriban: "La lucha popular contra el colonialismo extractivista continuará sin pausa, entre otras causas porque las Asambleas Ciudadanas Riojanas se multiplican día a día". Y confirma que el medio también es un fin: "Sí algo celebramos hoy son los casi 8 años de lucha popular dignísima, asimétrica, desde el llano, autónoma, horizontal y apartidaria”.

La lucha continúa. Se trató de un triunfo, pero no existe séptimo día de descanso. El monstruo de mil cabezas subsiste: "Solo en este 1º semestre de 2013 el gobierno `sensible´ de Beder Herrera ha entregado otras 40 mil hectáreas a empresas mineras", denuncia el comunicado, señalando el contexto electoral. En referencia a distintas áreas de exploraciones, el panorama general es preocupante: "Más de 2 millones de hectáreas del territorio riojano están en manos de empresas mineras en 17 de los 18 Departamentos de La Rioja".

La minería de uranio es otro tema de preocupación para los asambleístas, mientras que para el gobierno nacional es estratégico por su capricho en desarrollar la energía nuclear. El comunicado detalla que se construye una nueva planta de procesamiento en Talamuyana (a 35 kilómetros de la capital provincial), con una inversión nacional de 110 millones de pesos. Asimismo, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene 21 proyectos en carpeta, en 4 departamentos, que suman 90 mil hectáreas.

La lucha es contra el neocolonialismo porque los territorios son entregados, en nombre del desarrollo nacional, para el usufructo de las clases ricas del Norte global. En tal sentido, el comunicado sigue denunciando la presencia de la corporación canadiense Rome Resources Ltd. A su vez, sobre todo en el oeste provincial, "la extranjerización de nuestra tierra continúa". En mayo los asambleístas presentaron un pedido de juicio político al gobernador, luego de la represión sufrida. Los golpes llegaron, pero estos intocables tienen un motivo genuino de lucha. El cerro que es identidad del pueblo.

Bien Común. "El agua de nuestros pueblos son y serán el motivo inicial de nuestro levantamiento y defensa, lo concebimos como un bien común, junto con nuestros cerros y territorios. Ahora vamos por una ley real de prohibición de la mega minería en la Provincia y también en nuestro País, porque no tenemos miedo, estamos juntos, seremos los `custodios de la creación y la naturaleza´". (Carina Díaz Moreno, asambleísta de Famatina).

Glaciares frizados. También hace días se conoció una audiencia en el Senado sobre el avance del inventario de la Ley de Glaciares. Sin embargo, contrariamente al espíritu de la norma, no se avanza por los lugares en riesgo por la megaminería. Y La Rioja no es la excepción. Pía Marchegiani, Coordinadora de Participación de FARN, expresó: “La Ley de Glaciares es clara al definir como zonas prioritarias aquellas donde actualmente se realizan actividades como la minería, por ello resulta inadmisible que a 3 años de su sanción no se haya avanzado con el inventario en varias provincias cordilleranas, como San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta o Jujuy”. En julio del año pasado, otro antecedente adverso para la Provincia fue un fallo judicial que ordenaba suspender el convenio con Osisko hasta tanto se haga el inventario de glaciares en La Rioja. 




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Brasil: ¿Un nuevo ciclo de luchas populares?



MASIVAS PROTESTAS EN LAS CALLES 

Las grandes manifestaciones populares de protesta en Brasil demolieron en la práctica una premisa cultivada por la derecha, y asumida también por diversas formaciones de izquierda -comenzando por el PT y siguiendo por sus aliados: si se garantizaba “pan y circo” el pueblo –desorganizado, despolitizado, decepcionado por diez años de gobierno petista- aceptaría mansamente que la alianza entre las viejas y las nuevas oligarquías prosiguieran gobernando sin mayores sobresaltos. 

Por Atilio A. Boron  

La continuidad y eficacia del programa “Bolsa Familia” aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y su preludio, la Copa Confederación, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el circo necesario para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta visión, no sólo equivocada sino  profundamente reaccionaria (y casi siempre racista) quedó hecha añicos en estos días, lo que revela la corta memoria histórica y el peligroso autismo de la clase dominante y sus representantes políticos a quienes se les olvidó que el pueblo brasileño supo ser protagonista de grandes jornadas de lucha y que sus períodos de quietismo y pasividad alternaron con episodios de súbita movilización que rebasaron los estrechos marcos oligárquicos de un estado apenas superficialmente democrático.  

Basta recordar las multitudinarias movilizaciones populares que impusieron la elección directa del presidente a comienzos de los años ochentas; las que precipitaron la renuncia de Fernando Collor de Melo en 1992 y la ola ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de Lula en el 2002. El quietismo posterior, fomentado por un gobierno que optó por gobernar con y para los ricos y poderosos, creo la errónea impresión de que la expansión del consumo de un amplio estrato del universo popular era suficiente para garantizar indefinidamente el consenso social. Una pésima sociología se combinó con la traidora arrogancia de una tecnocracia estatal que al embotar la memoria hizo que los acontecimientos de esta semana fueran tan sorpresivos como un rayo en un día de cielos despejados. La sorpresa enmudeció a una dirigencia política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender -y mucho menos contener- el tsunami político que irrumpía nada menos que en medio de los fastos futboleros de la Copa Confederación. Fue notable la lentitud de la respuesta gubernamental, desde las intendencias municipales hasta los gobiernos estaduales y el propio gobierno federal.

Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar bajo la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor que en lugar de exaltar las virtudes de un fantasioso “posneoliberalismo” de Brasilia y de pensar que lo ocurrido tiene que ver con la falta de políticas gubernamentales hacia un nuevo actor social, la juventud,  dirigieran su mirada hacia los déficits de la gestión gubernativa del PT y sus aliados en un amplio abanico de temas cruciales para el bienestar de la ciudadanía.

Plantear que las protestas fueron causadas por el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de Sao Paulo es lo mismo que, salvando las distancias, afirmar que la Revolución Francesa se produjo porque, como es sabido, algunas panaderías de la zona de la Bastilla habían aumentado en unos pocos centavos el precio del pan. Confunden estos propagandistas el detonante de la rebelión popular con las causas profundas que la provocan, que dicen relación con la enorme deuda social de la democracia brasileña, apenas atenuada en los últimos años del gobierno Lula. El disparador, el aumento en el precio del boleto del transporte urbano, tuvo eficacia porque según algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el salario mínimo en Sao Paulo el costo diario de la transportación para concurrir a su trabajo equivale a poco más de la cuarta parte de sus ingresos. Pero esto  sólo pudo desencadenar la oleada de protestas porque se combinaba con la pésima situación de los servicios de salud pública; el sesgo clasista y racista del acceso a la educación;  la corrupción gubernamental (un indicador: la presidenta Dilma Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa), la ferocidad represiva impropia de un estado que se reclama como democrático y la arrogancia tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las demandas populares que son desoídas sistemáticamente: caso de la reforma de la previsión social, o de la paralizada Reforma Agraria o los reclamos de los pueblos originarios ante la construcciones de grandes represas en la Amazonía. Con estas asignaturas pendientes, hablar de “posneoliberalismo” revela, en el mejor de los casos, indolencia del espíritu crítico; en el peor, una deplorable sumisión incondicional al discurso oficial.

A la explosiva combinación señalada más arriba hay que sumar el creciente abismo que separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante, incesante tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y transformismos, que burlan la voluntad del electorado sacrificando identidades partidarias y adscripciones ideológicas. No por casualidad todas las manifestaciones expresaban su repudio a los partidos políticos. Un indicador del costo fenomenal de esa partidocracia –que resta recursos al erario público que podrían destinarse a la inversión social- está dado por lo que en Brasil se denomina el Fondo Partidario, que financia el mantenimiento de una maquinaria meramente electoralista y que nada tiene que ver con ese “príncipe colectivo”, sintetizador de la voluntad nacional-popular del que hablara Antonio Gramsci. Un solo dato será suficiente: a pesar de que la población exige infructuosamente mayores presupuestos para mejorar los servicios básicos que hacen a la calidad de la democracia, el mencionado fondo pasó de distribuir 729.000 reales en 1994 a la friolera de 350.000.000 de reales en el 2012, y está por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa enorme cifra habla con elocuencia del hiato que separa representantes de representados: ni  los salarios reales ni la inversión social en salud, educación, vivienda y transporte  tuvieron la prodigiosa progresión experimentada por una casta  política completamente apartada de su pueblo y que no vive para la política sino que vive, y muy bien, de la política, a costa de su propio pueblo.

¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El  exorbitante costo en que incurrió Brasilia a cuenta de una absurda  “política de prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un “jugador global” en la política internacional. La Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más provechosamente en solucionar añejos problemas que afectan a las clases populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó una sino dos Copas del Mundo en 1970 y 1986, y los Juegos Olímpicos de 1968. Ninguno de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la política mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que irrumpirían con fuerza en la década de los noventas y que perduran hasta el día de hoy. Según la ley aprobada por el congreso brasileño la Copa del Mundo dispone de un presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares, que seguramente aumentará a medida que se acerque la inauguración del evento, y se estima que los Juegos Olímpicos demandarán una cifra aún  mayor. Conviene aquí recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que “lo que es imprudencia y locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser responsabilidad y sensatez en el manejo de las finanzas del reino.” Quien en su hogar no dispone de ingresos suficientes que garanticen la salud, la educación y una adecuada vivienda para su familia no puede ser elogiado cuando gasta lo que no tiene en una costosísima fiesta.

La dimensión de este despropósito queda graficado, como observa con perspicacia el sociólogo y economista brasileño Carlos Eduardo Martins, cuando compara el costo del programa “Bolsa Familia”, 20.000 millones de reales, con el que devoran los intereses de la deuda pública: 240.000 millones de reales. Es decir, que en un año los tiburones financieros de Brasil y del exterior, niños mimados del gobierno, reciben como compensación a sus tramposos préstamos el equivalente doce planes “Bolsa Familia” por año. Según un estudio de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el año 2012 el desembolso por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública insumió el 47.19 por ciento del presupuesto nacional; por contraposición, se le dedicó a la salud pública el 3.98 por ciento, a la educación el 3.18 por ciento y a l transporte el 1.21 por ciento. Con esto no se quiere disminuir la importancia del programa “Bolsa Familia” sino de resaltar la escandalosa gravitación de  la sangría originada por una deuda pública-ilegítima hasta la médula- que ha hecho de los banqueros y especuladores financieros los principales beneficiarios de la democracia brasileña o, más precisamente, de la plutocracia reinante en el Brasil.

Por eso tiene razón Martins cuando observa que la dimensión de la crisis exige algo más que reuniones de gabinete y conversaciones con algunos líderes de los movimientos sociales organizados. Propone, en cambio, la realización de un plebiscito para una reforma constitucional que recorte los poderes de la partidocracia y empodere de verdad a la ciudadanía; o para derogar la ley de auto-amnistía de la dictadura; o para realizar una auditoría integral sobre la turbia génesis de la escandalosa deuda pública (como hizo Rafael Correa en el Ecuador). Agrega también que no basta con decir que el 100 por ciento de los royalties que origine la explotación del enorme yacimiento petrolero del Pre-Sal serán dedicados, como lo declaró Rousseff, a la educación, en la medida en que no se diga cuál será la proporción que el estado captará de las empresas petroleras. En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de royalties entre el 80 y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y en Brasil quién fijará ese porcentaje? ¿El mercado? ¿Por qué no establecerlo mediante una democrática consulta popular?

Como puede colegirse de todo lo anterior, es imposible reducir la causa de la protesta popular en Brasil a una eclosión juvenil. Es prematuro  prever cual será el futuro de estas manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver a traspasar so pena de ser derrocado por una nueva insurgencia popular.  Más aún, las grandes movilizaciones populares en Bolivia y Ecuador demostraron que sus flaquezas y su inorganicidad -como las que hoy hay en Brasil- no le impidieron tumbar a gobernantes que sólo solo lo hacían a favor de los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar con un gobierno que claramente eligió ponerse al servicio del capital. Brasilia haría muy bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta lección que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad si persiste en su alianza con la derecha, con los monopolios, con el agronegocios, con el capital financiero, con los especuladores que desangran al presupuesto público de Brasil. La única salida a todo esto es por la izquierda, potenciando no en el discurso sino con hechos concretos, el protagonismo popular y adoptando políticas coherentes con el nuevo sistema de alianzas. No sería exagerado pronosticar  que un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares estaría dando comienzo en el gigante sudamericano. Si así fuera lo más probable sería una reorientación de la política brasileña, lo cual sería una muy buena noticia para la causa de la emancipación de Brasil y de toda Nuestra América. 

http://www.atilioboron.com.ar/


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