10 de diciembre de 2015

Cambio de guardia



MACRISMO: ETAPA SUPERIOR DEL KIRCHNERISMO 

Una facción diferente de las clases superiores acaba de acceder al poder político en la Argentina.  Se trata de lo que podría denominarse como “derecha liberal”, que vendría a ser esa parte de la derecha que defiende el liberalismo económico, esto es, la teoría de Adam Smith según la cual el Estado no debe entrometerse en los negocios privados, ya que es “la mano oculta” del mercado la que se encarga de regularlos. El liberalismo sucederá a la facción “neodesarrollista” de la burguesía, es decir, el kirchnerismo. Una facción que discursivamente parecería ser progresista, pero que en los hechos es lo opuesto. En efecto, pese a los denodados esfuerzos que se están haciendo en estos días desde el kirchnerismo para caracterizar a Cambiemos como “la” derecha,  son irrebatibles las evidencias que demuestran que la vieja y la nueva facción son muy parecidas. ¿Qué cambiará con Cambiemos? 

Por Marcelo R. Pereyra 

CLASE NO HAY UNA SOLA 

Un análisis simple de la estructura de la sociedad la divide en varios sectores de acuerdo a su nivel de ingresos y situación económica. Estos sectores han sido denominados clases sociales: típicamente la baja, la media y la alta. Claro que como no existe una homogeneidad total dentro de cada clase, éstas presentan numerosas subdivisiones. Políticamente hablando las clases tienen menos homogeneidad aún; sin embargo, su comportamiento electoral tiene un importante grado de previsibilidad que está basado en sus intereses. A lo largo de la historia quienes han tenido posiciones sociales de privilegio han hecho todo lo posible para mantenerlas e incrementarlas; mientras que los de más abajo han hecho todo lo posible para llegar a tener las posiciones de los de más arriba. La historia enseña que fue en Europa en el siglo XVIII, cuando los burgueses se sintieron fuertes como para  desafiar a las monarquías. Los terratenientes, aliados a los comerciantes, los artesanos y parte del pueblo protagonizaron la Revolución francesa y otras revoluciones similares, incluso en América. En todos los casos, los burgueses condicionaron o derrocaron a reyes y virreyes para tener una parte o todo el poder político que les permitiera hacer sus negocios sin tener que compartir sus ganancias con insaciables monarcas. ¿Acaso la Revolución de Mayo –una revolución burguesa- no fue motivada por el deseo de los comerciantes criollos de poder comerciar libremente, sin que el rey se “comiera” gran parte de sus beneficios? ¿No fue La representación de los hacendados, el libro que escribió Mariano Moreno defendiendo el librecambio y el control de la Aduana, el programa de gobierno de la Junta revolucionaria? Como sea, desde aquel momento inaugural el poder político en la Argentina se disputó siempre entre las distintas facciones de grandes comerciantes, hacendados y otros sectores económicamente significativos.

A veces la clase baja y la clase media tejen alianzas para enfrentar a las clases superiores. Dichas alianzas suelen ser transitorias y precarias, y se reflejan más  en consignas -“El pueblo unido, jamás será vencido”; “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”- que en hechos. Por otra parte, los enfrentamientos no sólo se dan entre las clases sino en el interior de las mismas. Por ejemplo, aunque ambos formarían parte de la clase baja, no es lo mismo un trabajador desocupado que uno ocupado. Sus intereses, sus necesidades, son distintas, y llegado el caso podrían enfrentar entre ellos, como ha ocurrido varias veces en la Argentina reciente. En las clases altas estos enfrentamientos son mucho más agudos porque los intereses económicos en juego son mucho más grandes: si un trabajador y un desempleado se disputan apenas un salario, lo que se pone en juego en las disputas empresariales son millones.

Ahora bien, sucede que tanto los de arriba, como los del medio y los de abajo necesitan del Estado para su subsistencia. El Estado contrata muchísimas personas, fija el salario mínimo y las jubilaciones, regula el funcionamiento y establece las tarifas del transporte y de otros servicios públicos, aplica impuestos, retenciones y otros gravámenes e incide de muchas otras formas en la renta de cada individuo y en las ganancias de las empresas.  Por eso las distintas facciones de las clases superiores siempre se disputaron el control del Estado. La clases inferiores siempre fueron convidadas de piedra en estas disputas y carne de cañón cuando las disputas se dirimieron a los tiros (Unitarios vs. Federales, o Guerra contra el Paraguay, por ejemplo).

Alguna vez surgieron facciones de la clase propietaria que elaboraron un discurso afín con las reivindicaciones históricas de la clase popular, y tomaron algunas medidas convenientes a sus intereses y expectativas. Irigoyen y Perón fueron sus representantes más notorios. En otras ocasiones, facciones de las clases propietarias tejieron alianzas y les facilitaron negocios a empresas extranjeras. Todo este proceso fue y es dinámico y dialéctico, y debe ser contextualizado en cada caso teniendo en cuenta los distintos intereses que entran en juego y de las alianzas intra e interclase que se van articulando. Lo importante es destacar nuevamente, que el pueblo siempre miró todo de afuera. Como admite la Constitución, son sus representantes políticos los que “deliberan y gobiernan” por él. 

¿CAMBIAREMOS? 

Una facción diferente de las clases superiores acaba de acceder al poder político en la Argentina. Se trata de lo que podría denominarse como “derecha liberal”, que vendría a ser esa parte de la derecha que defiende el liberalismo económico, esto es, la teoría de Adam Smith según la cual el Estado no debe entrometerse en los negocios privados, ya que es “la mano oculta” del mercado la que se encarga de regularlos. En realidad cuando los liberales argentinos estuvieron en el poder aplicaron esta teoría cuando les convino y otras veces se la dejaron olvidada en su casa. Todo sea para favorecer los negocios de los amigos nacionales y extranjeros. El pensamiento liberal en lo económico siempre estuvo acompañado de un pensamiento conservador en materia social, entendiéndose por tal a una cosmovisión que tiende a rechazar los cambios drásticos en las relaciones sociales y en cuestiones de ética y moral, aunque hay que reconocer que en estos últimos tiempos los liberales telúricos han sido un poco más flexibles. En cuanto a lo político, dicen defender la democracia, pero cuando estuvieron en el poder fue gracias al fraude electoral o a los militares. Desde 1930, es la primera vez que acceden al gobierno por la vía democrática.

El liberalismo sucederá a la facción “neodesarrollista” de la burguesía, es decir, el kirchnerismo. Una facción que discursivamente parecería ser progresista, pero que en los hechos es lo opuesto. En efecto, pese a los denodados esfuerzos que se están haciendo en estos días desde el kirchnerismo para caracterizar a Cambiemos como “la” derecha, son irrebatibles las evidencias que demuestran que la vieja y la nueva facción son muy parecidas. Entre muchas se puede mencionar que han votado juntas en la Legislatura de Buenos Aires y en el Congreso nacional; que compartieron y comparten funcionarios que de manera muy natural parece que les da lo mismo estar con la una o con la otra; que en conjunto han sancionado leyes y puesto en práctica medidas represivas (Proyecto X –de espionaje-; represiones en Lear y en el Parque Indoamericano) y que han callado de manera cómplice ante ciertas barrabasadas de la otra facción. Como tantas veces se ha insistido desde esta columna, desde su llegada al poder en 2003 el kirchnerismo se revistió de una pátina “progresista” o “izquierdosa” que le sirvió para conformar una militancia -tan fervorosa y entusiasta como mal informada- convencida de que Néstor Kirchner y Cristina Fernández son el Che Guevara y Rosa de Luxemburgo, respectivamente. Ese gigantesco mal entendido vino a disimular que en realidad el kirchnerismo es una más de las facciones en las que se divide la burguesía. Un mes después de la asunción de Kirchner como presidente esta columna advirtió: 

“Esta cuestión del ‘progresismo’ kirchneriano, de su supuesto enfrentamiento con el capital concentrado, ha generado una confusión en muchos argentinos bien intencionados que quieren -necesitan- depositar algo de la confianza que todavía les queda en el nuevo presidente. La sociedad argentina, sin distingo de sectores, está tan atravesada por las ideas neoliberales en lo económico y conservadoras en lo social y lo político, que basta con pronunciar un par de frases rimbombantes con connotaciones setentistas, para que unos se entusiasmen y otros se alarmen. La derecha política más recalcitrante, por ejemplo, se creyó que con Kirchner se venía el resurgimiento del montonerismo, del "zurdaje" y salió a pegar gritos histéricos a través de su house organ, el diario La Nación. En una nota firmada por su subdirector, Claudio Escribano, el matutino le recomendó al nuevo mandatario no rebelarse contra el gobierno de EE. UU.. Pueden quedarse tranquilas la derecha y La Nación que no se trata de rebeldía sino, apenas, de floreos discursivos oportunistas que apuntan a generar en la sociedad, que ansía -desesperadamente- creer en un mañana mejor, el consenso que Kirchner no logró en las urnas” (“El recambio presidencial en la Argentina”, Contracultural, junio/2003).

El paso del tiempo confirmó estos argumentos. Millones de personas creyeron en esos floreos discursivos: el kirchnerismo pasó del 23 por ciento de los votos en 2003 a sacar el 54 por ciento en 2007. Pero, por otro lado, conversó “amablemente” con Iberia, Skanska, Chevrón, Repsol, Monsanto, Barrik Gold y con otras empresas extranjeras que gozaron de grandes facilidades para hacer sus negocios, no siempre limpios y no siempre en condiciones convenientes para el país. A la vez, el kirchnerismo  conformó un grupo de empresarios nacionales –Ezkenazi, Ulloa, Garfunkel, López, Báez, Szpolski, entre otros- a quien benefició con negocios igualmente lucrativos a cambio  –según el caso- de servicios de testaferro o de adquisición de medios de comunicación para convertirlos en firmes defensores del oficialismo.

¿Qué cambiará con Cambiemos? No mucho, porque la facción kirchnerista de la burguesía viene haciendo los deberes como el más conspicuo de los liberales. La estructura socioeconómica de la sociedad es bastante parecida a la de doce años atrás: los pobres siguen siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos. La brecha entre unos y otros no se achicó sino que se agrandó, porque cuando llegó al poder el kirchnerismo apostó a controlar la delicada situación social de entonces con la cooptación de dirigentes (D’Elía, Depetri, Yasky, Baradel, entre otros) y con el asistencialismo. Le funcionó tan bien que se quedó ahí y no avanzó gran cosa en pos de una sociedad más justa e igualitaria. Y esto al macrismo le interesa menos todavía. El futuro, por tanto, dista de ser promisorio. Habrá, tal vez, una dosis menos de autocracia; habrá menos cadenas nacionales para el autobombo; desaparecerán los Moreno y los Aníbal Fernández; dejará de existir el periodismo militonto, probablemente, y es de esperar que se democratice de verdad el acceso a la comunicación y la información.

Y no habrá mucho más. El resto será la lucha de siempre de los de abajo para escamotearle algo a los de arriba.

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Barajar y dar de nuevo



LA OPOSICIÓN EN VENEZUELA LOGRA UN CONTUNDENTE TRIUNFO ELECTORAL 

El nuevo panorama legislativo en la República Bolivariana de Venezuela no sólo habla de lo que se viene fronteras adentro, sino también de del paulatino viraje a la derecha que está sufriendo Latinoamérica. 

Por Marcelo J. Levy 

En las elecciones legislativas del pasado domingo 6, la oposición alcanzó los 112 diputados, frente a los 55 obtenidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Así la Mesa de Unidad Democrática (MUD) logró la mayoría calificada esencial para aprobar leyes habilitantes y leyes orgánicas que organizan el resto de los poderes y sirven de marco a otras leyes como por ejemplo designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscal general, el contralor general y el defensor del pueblo; convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, entre otros temas.

La coalición opositora se consolidó en la región con 1.027.334 de votos (60,24%) en el voto lista; mientras que el PSUV solo llegó a 619.068 (36,30%). La Asamblea Nacional está integrada por 167 diputados y diputadas, de los cuales 113 son nominales, 51 por lista y 3 son indígenas.

La mayoría calificada en manos de la oposición no es solo una frase. Tiene la potestad a partir de ahora de remover a la Vicepresidencia Ejecutiva, a ministros del gabinete. También puede aprobar una Ley Habilitante que faculta al Ejecutivo para legislar temas determinados, durante un período limitado; puede acordar la separación temporal de un diputado o diputada de su cargo; crear o suprimir comisiones permanentes; elaborar o modificar leyes orgánicas; aprobar reformas constitucionales para someterlas a referendo popular; convocar a una Asamblea Constituyente; remover  magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); designar integrantes del Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas.

La mirada hacia adentro del gobierno no se hizo esperar. Maduro reconoció la derrota electoral y  solicitó a todos los integrantes del Consejo de Ministros poner sus cargos a la orden del Ejecutivo, con la finalidad de facilitar la ejecución de un nuevo proceso de revisión, rectificación y reimpulso, con miras a lograr una “renovación profunda” de la Revolución Bolivariana. El Presidente pidió el apoyo de toda la ciudadanía para lograr esta renovación, la cual está dirigida a atender las necesidades de todas y todos.

La nueva composición de la Asamblea legislativa tiene la siguiente agenda para trabajar: 

Ley de Amnistía. Varios de los diputados electos de la MUD, han insistido en aprobar una Ley de Amnistía para liberar a los políticos presos.

Ley Programa para el Pleno Abastecimiento. El diputado reelecto Julio Borges ha indicado la importancia de aprobar una Ley para el Pleno Abastecimiento, aunque no ha especificado detalles.

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Varios organismos, como Fedecamaras y Conindustria, han solicitado la anulación de la Ley Orgánica del Trabajo aprobada en el 2012 por el presidente Hugo Chávez.

Ley de Precios Justos. Fedecámaras también solicitó anular la Ley de Precios Justos, por considerar que es una medida que “permitiría activar la producción del país”.

Ley del Banco Central de Venezuela (BCV). El secretario General de la MUD, Jesús Torrealba, ha insistido en que debe reformarse la Ley del BCV porque es un organismo transformado en “una máquina de imprimir dinero inorgánico”, asimismo aspiran una reforma de la Ley del Puerto Libre y una revisión del Código de Comercio.

Ley de propiedad para Misión Vivienda. Se promoverá una ley especial para darles título de propiedad a las personas a quienes les han adjudicado viviendas a través de la "Gran Misión Vivienda Venezuela".

Ley de Presupuesto Nacional. El 1 de diciembre la Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto Nacional 2016 que incluye más de 60% a la inversión social. De la bancada opositora sólo asistieron 6 diputados a la sesión, quienes votaron en contra de la aprobación del Presupuesto para el próximo año, con lo cual posiblemente el nuevo Parlamento atienda la solicitud de Fedecámaras la reforma de dicho instrumento.

Hay un nuevo escenario en el continente. El “cambio”, como una expresión de deseo vacía, está triunfando. En Venezuela se envalentonan con la renovación de la Asamblea Nacional. En Argentina, el “cambio” también logró apoderarse del sentido común llevando a la presidencia a un empresario conservador. En Brasil, es inminente el pedido de juicio político a Dilma Rousseff. Avanza el ALCA por el Cono Sur, la Alianza del Pacífico. Se erosionan foros como Celac y Unasur. El reflujo es evidente y deberemos ponernos a reflexionar desde el campo popular en cada una de las Naciones latinoamericanas, los caminos recorridos, los derechos conquistados y los errores cometidos. El empoderamiento de los pueblos es un triunfo ineludible; pero la arremetida liberal que se viene es muy virulenta. Estará en nosotros leer los procesos locales y regionales para poder retomar el camino que, no hace tanto tiempo, tenía un norte claro y progresista.

Para cerrar, cito al periodista Pascual Serrano analizando ocurrido en Venezuela: 

Por fin no ha habido fraude en Venezuela. El fraude electoral se ha producido en las elecciones de los últimos 16 años cuando ganaba el chavismo. Estas son las primeras elecciones que gana la derecha y, por tanto, sin fraude. Es la diferencia entre democracia y dictadura. Cuando gana la derecha es democracia y si no, es dictadura. La derecha que ha ganado es la misma que hasta ahora no reconocía las anteriores victorias del movimiento bolivariano. Por eso hasta este domingo los grandes medios y portavoces neoliberales -venezolanos, españoles y del resto del mundo- denunciaban que iba a haber un fraude. Han ganado, ya no hacen falta nuevos recuentos y ya no echan de menos a los observadores internacionales. (…) A partir de ahora, las manifestaciones de la oposición (ahora chavista) ya no serán noticia, si muere o es encarcelado algún opositor (ahora chavista) no saldrá en los periódicos. ¿Acaso ven noticias de manifestaciones u opositores muertos en Colombia? Si algún chavista golpea una cacerola en protesta contra la mayoría parlamentaria de derechas será terrorista, no un luchador por la democracia y la libertad. Eso era hasta ahora. Los venezolanos que viven en Estados Unidos a partir de ahora dejan de ser exiliados en Estados Unidos para ser residentes. Ahora ya no habrá colas en los supermercados. Todo gracias a que los productos dejarán de estar subvencionados por el gobierno y quien no tenga dinero no podrá comprarlos, no hará falta que gaste su tiempo haciendo colas. En conclusión, circulen y vayan olvidándose de Venezuela que allí ya dejará de haber problemas: ni movilizaciones, ni delincuencia, ni inflación. De momento no habrá corresponsales de prensa para contarlo. Gobiernan los buenos.


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“La derecha y la izquierda no entienden a la naturaleza”



ENTREVISTA A EDUARDO GUDYNAS, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ECOLOGÍA SOCIAL

Eduardo Gudynas nació en Uruguay en 1960 y actualmente es Secretario Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Autor de decenas de libros y un sinnúmero de colaboraciones académicas en revistas y libros de coautoría relacionados al medio ambiente. Es docente de universidades en Bolivia, Estados Unidos, Chile, Brasil, Ecuador y Perú. En esta entrevista, el autor de “Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza”, explica las implicaciones de ese modelo de desarrollo adoptado en Sudamérica. Se entiende por extractivismo (de gobiernos conservadores o progresistas) la extracción de recursos naturales en grandes volúmenes con el objeto de ser exportados. 

Por Riargo Aguilar Agramont

- ¿Cómo ve el discurso transicionista de los gobiernos progresistas en relación al extractivismo? 
La invocación de un extractivismo transitorio se da especialmente en Bolivia y Ecuador; sin embargo, no hay ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo por varias razones: la primera es que la forma en que se usa la riqueza generada por el extractivismo en buena parte se destina a programas que profundizan más el extractivismo, por ejemplo, aumentar las reservas de hidrocarburos o alentar la exploración minera. Segundo, los extractivismos tienen derrames económicos que inhiben procesos de autonomía en otros sectores productivos, tanto en la agricultura como en la industria. El Gobierno tendría que tomar medidas de precaución para evitar esa deformación y eso no está ocurriendo, de hecho hay una deriva agrícola a promover cultivos de exportación mientras se aumenta la importación de alimentos. Tercero, como los proyectos extractivos generan tanta resistencia social (ejemplos recientes son el de los Guaranís de Yategrenda, Santa Cruz, o la reserva Yasuni en Ecuador), los gobiernos tienen que defenderlos de forma tan intensa que refuerzan la cultura extractivista en amplios sectores de la sociedad y por tanto inhiben la búsqueda de alternativas. 

— ¿Hay paralelismo entre el discurso del extractivismo transitorio y el de la salida también gradual del capitalismo? 
— En el caso del Ecuador eso tiene una elaboración teórica. Ellos consideran que el extractivismo es la única vía que tienen para la acumulación de capital que permita una transformación de su aparato productivo, pero suceden problemas similares a los de Bolivia: no hay una transformación de ese aparato y tampoco se acumula los volúmenes de capital esperados, a causa de la caída de los precios de las materias primas y el gasto corriente del Estado. Ese discurso tiene una complicación: es muy parecido al de la defensa convencional del desarrollo capitalista por etapas de Walter Whitman Rostow: que los países atrasados debían, por la exportación de materias primas, acumular capital para intentar el “salto industrial”. Así, escuchar el discurso transicional tiene un sabor agridulce por ser una idea similar a la de los defensores del capitalismo de mediados del siglo XX. 

— El “salto industrial”, que en Bolivia es un mandato constitucional, se parece al deseo de la izquierda tradicional del siglo XX. 
— Hay diferencias sustanciales. Aquella izquierda concebía mal depender de los extractivismos, los veía como sinónimo de atraso. La nacionalización de los recursos era un medio para dar el salto industrial. La otra diferencia es que esa izquierda quería recuperar autonomía frente a los procesos internacionales bajo el paraguas del “imperialismo”; sin embargo, el progresismo actual defiende al extractivismo, dejó en segundo plano medidas y discursos industrialistas. Solo hay planes industriales con propuestas sustantivas en Argentina y Brasil, con alguna implementación en Brasil. Tienen un discurso de crítica a países del norte, al sistema financiero, pero quieren adentrarse más en la globalización porque ésa es la vía comercial de salida para sus materias primas. 

— En Bolivia hay una campaña gubernamental mediática de industrialización... 
— Sí, pero la prioridad de la industrialización para salir del extractivismo, en países como Bolivia, estaría claramente en lo agropecuario. Porque ese sector podría fácilmente articularse con una gran variedad de producción y con el consumo propio del país para evitar seguir importando alimentos; sin embargo, una industrialización para cumplir apenas la primera etapa de refinado de un metal y transformarlo en lingotes dista mucho de la manufactura. 

— Recién se hizo una cumbre al respecto y se incentivará cultivos de soja. 
— En el sector agropecuario es evidente la presión y tentación de caer en una estrategia extractivista, eso va a tener consecuencias porque contribuye a ser dependiente la producción de los indicadores de precios de los mercados globales y, por lo tanto, la capacidad del Gobierno para definir qué cultivar y qué no. Se afecta incluso la capacidad del agricultor para tomar esa decisión, se ve acotado porque terminan respondiendo a las alzas de precio de los mercados internacionales. Los resultados de la cumbre corren el riesgo de contribuir a la subordinación comercial agrícola de Bolivia. Segundo, la ampliación de la frontera agropecuaria genera mucha preocupación por sus posibles impactos ambientales. Tercero, preocupa la posibilidad de que se autoricen transgénicos, no solo por el lado de la variedad transgénica, sino porque el transgénico se cultiva como parte de un paquete tecnológico que incluye ciertos químicos, cierta maquinaria y por lo tanto cierto tipo de producción. Eso contribuye a la subordinación comercial y productiva del país y a desplazar variedades nativas de cultivo. Habrá años en que los agricultores ganarán más plata, cuando los precios estén altos, pero como esta es una producción más intensificada, sus gastos corrientes son mucho más altos, por lo tanto los márgenes de rentabilidad son estrechos. Es un rumbo muy riesgoso. 

— ¿Riesgos propios de la minería o de los hidrocarburos?, ¿hay una constante? 
— Son los efectos derrame. Finalmente, sectores muy distintos se terminan pareciendo porque entran a funcionar bajo la lógica del extractivismo. 

— Hoy el Gobierno vincula al ecologismo con el imperio, ¿esto es similar en la región? 
— En Ecuador se los tilda de “izquierda infantil”. A mí me parece que cuando la demanda de preservar la naturaleza del propio país, la calidad del agua, del cielo, la fauna y flora de la propia nación son demandas inherentes a la propia condición de cualquier ciudadano, calificarlas como una imposición imperialista es desmedido. También refleja que hay actores políticos que ya no tienen argumento para responder a las llamadas de alerta. Entonces solo queda descalificar. Van a permanecer los problemas de contaminación del agua y regresará la protesta ciudadana y no se puede estar reaccionando de aquí a la eternidad diciendo que cualquier demanda responde a un resorte del imperialismo. 

— Hay extractivismos a la derecha y a la izquierda. ¿En qué se parecen y distan? 
— La economía tradicional, sea convencional o la de origen marxista, no tiene herramientas conceptuales para determinar la cara económica de la destrucción de los recursos naturales, termina contabilizando como positiva la destrucción del patrimonio porque lo exportan, pero es incapaz de analizar las implicancias de los daños sociales y ambientales. Entonces las visiones económicas tradicionales de izquierda y derecha tienen una enorme dificultad para entender qué pasa con la naturaleza del siglo XXI. Es paradojal que exista esta tensión en Bolivia porque es uno de los países donde ha estado más presente la visión de la Pachamama y la naturaleza. 

— ¿Efectos derrame en la política y la globalización? 
— En la globalización tiene que ver con que exportar obliga a obedecer las reglas de la globalización, no hay escapatoria, entonces nuestras economías se vuelven dependientes. En el otro campo, los extractivismos conservadores o progresistas están en regímenes democráticos, pero al extractivismo le gusta un gobierno presidencialista para reducir otros poderes del Estado. Por ejemplo, para que la Justicia no le impida una inversión minera, u otros órganos de decisión se opongan. Cuanto más presidencialista es un régimen, mayores chances hay para los proyectos extractivos. 

— ¿El poder económico transnacional se ha visto afectado por los nacionalismos de la región? 
— En la actual fase del capitalismo, la propiedad del recurso natural ya no es importante para el entramado de empresas internacionales, porque aceptan que pueda ser nacional. Ponen énfasis en controlar la tasa de extracción, la producción primaria y su comercialización, es por eso que en el sector petrolero proliferan empresas estatales que se encargan de la primera fase. Eso no le preocupa a las trasnacionales, no les afecta; en el sector minero incluso les conviene, porque la extracción la hace la empresa nacional y se ahorran todas las discusiones con las comunidades locales y gobiernos. Solo les interesa tener mineral para procesar y exportar. En el debate, se ha perdido la perspectiva de que para el capitalismo es más importante el control de las redes de comercialización y producción que sobre la propiedad del recurso. 

— ¿La flexibilización en las normas ambientales en la región se vincula con lo que usted dice sobre el extractivismo? 
— Sí, para poder llevar adelante los extractivismos. Como tienen tal nivel de impacto social, ambiental y territorial, se deben reducir los controles y exigencias, eso lo hacen los países de diversas maneras, otorgando excepciones, por ejemplo: permitiendo la exploración en áreas protegidas, como en Bolivia y Ecuador; rebajando estándares, como en Brasil; achicando los tiempos de valoración para su aprobación automática, como se intentó en Colombia. Hay varios mecanismos por los cuales se hacen más laxas las exigencias. 

— ¿Alternativas? 
— Puedo decir que en varios países se discuten salidas post extractivistas que implican repensar cómo salir de desarrollos que dependen y están dominados por el extractivismo; estas salidas son propuestas transicionales, porque hay que ir lidiando con este entramado cultural que apoya los extractivismos e implica medidas ambientales sociales con un fuerte componente de discusión de cómo reorganizar las economías nacionales para hacer funcionar nuestros países sin tener que depender de la exportación de las materias primas. 

— ¿Qué opina de lo dicho por el Vicepresidente sobre cuatro ONG, entre ellas el Cedib, con la que usted trabajó? 
— He pasado de la sorpresa a cierta rebeldía, para terminar en la tristeza. Cedib tiene una bien ganada reputación de ser una de las organizaciones ciudadanas de investigación e información más serias de América Latina. Ese centro, como muchos otros, ofrece un marco independiente para dar a conocer investigaciones, análisis o reflexiones. En ellos hay muchas voces. Entonces, si se está en desacuerdo con esas voces, hay que argumentar, presentar datos, nuevas reflexiones. Pero aquí parecería que se quiere simplemente silenciar esas voces. Hacer eso no hará desaparecer los impactos, por ejemplo de explotar petróleo dentro de un parque nacional. En cambio, se debilitará la necesaria pluralidad de voces dentro de una sana democracia. Y es justamente que se haya caído en ese extremo lo que me genera tristeza.

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Terrorismo contra el terrorismo

TRAS LOS ATENTADOS, EL GOBIERNO FRANCÉS ATACARÁ "SIN PIEDAD" A LOS FUNDAMENTALISTAS 

No es fácil escribir sobre derechos y garantías individuales y responsabilidad estatal el día después de Paris, el día después de que el presidente francés declarase "no tendremos piedad". No es fácil pero se hace urgente y necesario porque cuanto más grande el dolor, más fácil se confunde justicia con venganza. 

Por Santiago O´Donnell 

Catorce años atrás, sobre los escombros todavía humeantes de las Torres Gemelas, George W. Bush prometió: "Vamos a quemar sus madrigueras, ponerlos a correr y traerlos a justicia," en referencia a los responsables directos e indirectos del atentado. Acto seguido procedió a invadir Afganistán, luego Irak, mientras autorizaba y supervisaba un programa de secuestros ilegales, traslados clandestinos, asesinatos extrajudiciales y salvajes torturas que duró hasta el final de su mandato y que en algunos aspectos se prolonga, atenuado, en el actual.

Bush fue acompañado por una sociedad que avaló en silencio las torturas y los asesinatos, mientras la industria cultural los naturalizaba en películas y series de televisión. El plan no sirvió para nada. No ayudó a condenar terroristas, ni trajo paz a los muertos del 9-11, ni llevó consuelo a sus deudos. Sólo más violencia, más guerra, más terrorismo, más miedo y más degradación de la especie humana.

Ahora le toca a Francia, cuna del iluminismo y capital de la cultura occidental, enfrentar el mismo dilema que Bush resolvió con  su claudicación moral. Con rabia, con dolor, hay que decir que el "sin piedad" de Hollande no puede significar "vale todo" o  "sin respeto por la condición humana". No debería hacer falta, pero los ejemplos sobran para decir que todavía no aprendimos: la tortura no sirve, la gente dice cualquier cosa bajo tortura, y además está mal torturar. Y secuestrar. Y desaparecer. Y matar, sobre todo desde el Estado.

Terrorismo sobre terrorismo, cenizas sobre cenizas. Se hace difícil pensar en el Estado cuando uno no tiene ningún control sobre la locura yihadista, y es esa locura la que hoy hace que lloremos por Paris. Se hace difícil entender porque entender se parece a justificar y nadie quiere eso y menos hoy.  Pero la violencia descontrolada, la guerra, la invasión de tierras lejanas, la tortura y el secuestro no pueden ser las únicas respuestas cuando una agresión amenaza, precisamente, a nuestra civilización. 

Porque seguimos siendo humanos, ¿no? 

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