6 de agosto de 2010

A pedido de los ruralistas, Córdoba sancionó una Ley de Bosques que promueve su desaparición

INSÓLITAMENTE LA LEGISLATURA CORDOBESA SANCIONÓ UNA LEY INCONSTITUCIONAL QUE FOMENTA LA DEFORESTACIÓN

La provincia de Córdoba perdió el 85% de sus bosques nativos por la explotación forestal desmedida, el avance de la agricultura y la ganadería. Tras dos años de debate y participación de la sociedad civil, la legislatura cordobesa se aprestaba a sancionar una ley que buscaba proteger lo poco que queda. Sin embargo, la mayoría de los legisladores privilegiaron los intereses de los ruralistas por encima del bienestar de la población en general y aprobaron una ley de bosques que, en lugar de protegerlos, promueve su desaparición.

Por Hernán L. Giardini


Una provincia que perdió casi todos sus bosques


Córdoba posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento (unas 12 millones de hectáreas) eran de bosque nativo, mientras que en la actualidad sólo queda el 5 por ciento de la superficie original (unas 600.000 hectáreas).

La mayor parte de los bosques los perdió a principio de siglo pasado, por culpa de la explotación desmedida de sus recursos forestales para madera y tanino.

Pero durante la última década el ritmo de deforestación se acentuó gravemente, llevando a la provincia a una verdadera emergencia forestal: Córdoba tiene la tasa de deforestación más alta del país (-2,93% anual durante el período 1998-2002), y la misma resulta doce veces superior a la media mundial (-0,23% para 1999-2000).

¿Qué hay ahora donde antes había bosque?

Fundamentalmente dos cosas: agricultura (sobre todo soja) y ganadería.

Pero el desmonte no sólo tiene implicancias ambientales. El avance de la frontera agropecuaria en muchos casos implica el desalojo de las comunidades indígenas y campesinas que habitan esos montes.


Un arduo camino hacia la Ley de Boques

A partir de la lucha de varias organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas, a fines de 2007 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Y se logró pese a la férrea oposición de las provincias del norte (donde se concentra la deforestación), luego de que Greenpeace y más de treinta organizaciones sociales entregaron en el Senado un millón y medio de firmas de personas de todo el país en reclamo por el urgente tratamiento de la norma, demostrando un alto nivel de consenso social.

Fundamentalmente la ley nacional establece:
• Moratoria a nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos participativo que tras la evaluación de diez criterios ambientales, económicos y sociales, defina los distintos tipos de uso que pueden hacerse de los bosques.
• Obligatoriedad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte.
• Respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas sobre los bosques que utilizan.
• Prohibición de la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos de bosques nativos.
• Fondos para la protección de los bosques nativos y para las actividades que realicen un desarrollo sustentable.

Lo cierto es que la sanción de la Ley de Bosques es un avance sin precedentes en materia ambiental, y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, constituyendo una herramienta esencial para empezar a solucionar la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina.


El proceso en Córdoba


Para cumplir con lo dictado por la nueva normativa nacional, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, el 24 de noviembre de 2008 crea la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia de Córdoba (COTBN), a la que le encomendó la realización del mismo a partir de una evaluación pormenorizada de los diez criterios ambientales, económicos y sociales que la ley establece y de la realización de consultas entre todos los sectores involucrados en el tema.

Dicha comisión estuvo integrada por un amplio número de entidades: Unidad Ejecutora para Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Turismo de la Provincia de Córdoba, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Programa Social Agropecuario, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río IV, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Católica de Córdoba, Administración de Parques Nacionales, Federación Agraria Argentina, Movimiento Campesino de Córdoba, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, y las ONG: FUNAM, CEDHA, Ecosistemas Argentinos, Grupo Escalera, Wichan, PCRSC, Foro de los Ríos, y Fundación Conydes, Sociedad Rural de Córdoba, y Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), entre otras instituciones.

Para asegurar la participación ciudadana, se realizaron siete talleres regionales en el interior de la provincia, en las localidades de Sebastián Elcano, Río Cuarto, Cruz del Eje, Ballesteros, Villa General Belgrano, Villa Dolores y Río Ceballos, en los que hubo un importante debate intersectorial.

Finalmente el proyecto de ley provincial realizado por la COTBN fue presentado durante una audiencia pública a la que asistieron cerca de 900 personas.

Pero no todo fue color de rosa… Sorprendentemente, o no tanto, la Sociedad Rural de Córdoba y CARTEZ se retiraron a pocos meses de comenzado el proceso por considerar que el mismo tenía un carácter “ambientalista”.

Allí comenzó un proceso paralelo: mientras los integrantes de la COTBN realizaban decenas de marchas y protestas frente a la legislatura reclamando la pronta sanción de la ley, los ruralistas hacían lobby en los despachos de los legisladores cordobeses para que la misma no interfieriera en sus intereses.


Una Ley de Bosques que no protege los bosques


El miércoles 4 de agosto, mientras los integrantes de la COTBN protestaban fuera del recinto, los legisladores comenzaron el debate a las 17. Dentro del edificio también se manifestaron las organizaciones sociales con carteles, silbidos y aplausos según los legisladores que hablaban.

Después de una larga lista de oradores, la ley fue aprobada, avanzada la madrugada, con los votos positivos de Unión por Córdoba (UPC), la Unión Cívica Radical (UCR) y los bloques unipersonales de José Maiocco, José Villena, Raúl Albarracín y Kasem Dandach. En tanto, los integrantes del juecista Frente Cívico votaron en forma dividida. Los bloques que se opusieron fueron Concertación Plural (CP), Peronismo Militante, ARI, Izquierda Socialista y Frente para la Victoria.

Pero la flamante ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Córdoba introdujo cambios sustanciales al texto que se discutió en la Comisión de Asuntos Ecológicos (CAE) durante más de nueve meses y que la COTBN debatió durante más de dos años. Cabe aclarar que el texto que surgió de estos espacios, cuyo autor final fue el legislador oficialista Marcelo Falo, presidente de la CAE, ya tenía un despacho de minoría pues había sido presentado por los bloques que se opusieron a la norma sancionada.

Lamentablemente, la mayoría de los legisladores privilegiaron los intereses de sectores económicos (ganaderos y sojeros) por encima del bienestar de la población en general.

Lo cierto es que el proyecto aprobado por la legislatura cordobesa viola directamente la ley nacional 23.331 de Bosques Nativos, lo que lo hace inconstitucional, ya que incluye en el área roja (destinada a la conservación) la posibilidad de realizar actividades productivas (como la ganadería), lo cual está claramente prohibido por la normativa nacional.

El mamarracho de ley aprobada reduce a menos de la mitad las zonas a proteger en comparación con el proyecto elaborado por la COTBN, e incluye la posibilidad de realizar minería sobre los bosques que deben obligatoriamente conservarse, algo tampoco permitido por la ley nacional.

Además, desestima la participación de la sociedad en los procesos de control, ya que anula la creación del Cuerpo Voluntario de Guardianes de Bosques Nativos, y no obliga a la Autoridad de Aplicación a convocar a Audiencia Pública en caso de solicitud de desmonte, algo obligatorio según la ley nacional.

Para colmo, la nueva ley provincial va en contra de otra ley provincial, la 9.219 (sancionada en marzo de 2005), que en su artículo 1º establece: “Prohíbese por el término de diez (10) años el desmonte total de bosques nativos en cada una de las parcelas -públicas o privadas- ubicadas en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba. Entiéndase por desmonte total la eliminación por completo de un bosque nativo con la finalidad de afectar esa superficie a actividades que impongan un cambio en el uso del suelo”.

Ante la grave situación de emergencia forestal en la que se encuentra la provincia constituye una enorme irresponsabilidad sancionar una norma que claramente viola una ley nacional y pone en peligro sus últimos bosques nativos.

Y resulta tanto más grave aún que la ley provincial sancionada no refleja las propuestas de los ciudadanos cordobeses que participaron durante dos años activamente en la conformación de la misma, tal como lo establece la ley nacional de bosque.

Ante esta situación:

¿El gobernador Schiaretti vetará la norma?

¿La Justicia la declarará inconstitucional?

¿O seguirán privilegiando a un sector sobre el interés del resto de la sociedad?




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Historia de dos ciudades (segunda parte)

BARILOCHE: METÁFORA DE UN MODO DE ACUMULAR Y DISTRIBUIR LA RIQUEZA

Hace dos meses en Bariloche la policía asesinó a tres jóvenes pertenecientes a los barrios pobres de la ciudad. Luego de tenues repercusiones políticas y mediáticas, no pasó nada significativo. Todo sigue igual. En una primera nota, Contracultural dio cuenta de estos hechos enmarcándolos en un contexto de exclusión y estigmatización de grupos sociales “menos favorecidos”. Ahora es el turno de examinar los porqués de un crecimiento económico que dividió a la villa turística en dos ciudades distintas, desiguales y enfrentadas entre sí. Aunque Carlos Marx esté muerto y enterrado, parece que la lucha de clases aún no finalizó.

Por Marcelo R. Pereyra


LOS HECHOS

- 17 de junio de 2010: cuatro de la mañana; barrio Boris Furman, de la zona alta (pobre) de Bariloche; un policía cree advertir una actitud sospechosa de parte de tres jóvenes y los persigue; alcanza a Diego Bonefoi (15 años) y lo asesina de un disparo en la cabeza.

- 18 de junio de 2010: el velatorio de Bonefoi se realiza en su casa, que se encuentra frente a la Comisaría. Sus amigos y familiares se movilizan y manifiestan su indignación ante lo sucedido. Arrojan piedras e insultan a los policías. La respuesta: gases lacrimógenos y disparos; mueren Nicolás Carrasco (16 años) y Sergio Cárdenas (29 años).

- El juez Martín Lozada dicta la prisión preventiva del cabo Sergio Colombil acusándolo del homicidio de Bonefoi. La Cámara del Crimen aparta a Lozada de la causa. Uno de sus jueces, Héctor Leguizamón Condal, fue investigado por corrupción. Durante la sustanciación del proceso pidió el apartamiento del camarista Carlos Rozanski por ser judío. Otro integrante de esta Cámara, Miguel Ángel Lara, ha sido duramente cuestionado por sus actuaciones frente a menores en audiencias judiciales. La ley 25.852 protege a los menores prohibiendo su participación en las audiencias judiciales como víctimas o testigos. Con el desplazamiento de Lozada, el caso queda a cargo del juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi quien cambia la carátula de la causa y anula la prisión preventiva de Colombil. En cuanto a las muertes de Carrasco y Cárdenas no ha habido ningún avance.


LAS REACCIONES


- Se organiza una marcha que rechaza que “la policía siga reprimiendo y matando al pueblo trabajador para garantizar los buenos negocios de la ‘Suiza Argentina’”. Sus oradores advierten que la policía de Río Negro se conserva intacta desde la dictadura genocida; que ha sido denunciada por integrar redes de trata y prostitución y por ser partícipe en el triple crimen de Cipolletti y en el asesinato de la joven Otoño Uriarte, y que se maneja con una importante impunidad garantizada por los poderes político y la judicial.

- María del Carmen Verdú, abogada y miembra de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sostiene que en Bariloche “son constantes las detenciones arbitrarias –excusadas en averiguación de antecedentes o en el código contravencional–, golpizas y operativos de la policía provincial sin orden judicial”.

- 24 de junio: Se realiza un paro provincial de la CTA. La central obrera solicita la renuncia del secretario de Seguridad, Víctor Cufré, y la remoción del ministro de Gobierno, Diego Larreguy.

- Mara Bou, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche, dice: “Los piquetes policiales en los accesos a la zona más pobre son una realidad que se denuncia hace mucho tiempo aquí, pero las autoridades políticas nunca han aparecido ni se han hecho cargo”.

- La Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, se muestra alarmada: “Hace cuatro años que denuncio casos de apremios ilegales en la provincia, y toda esta historia implosionó con la ejecución de Bonefoi, a quien ejecutaron por la espalda y no estaba armado”.

- Lo más reaccionario de Bariloche -empresarios del turismo, concejales y otros políticos, la CGT y otros sectores acomodados- organiza una marcha para apoyar el accionar represivo de la policía y reclamar más “mano dura”.

- Se reúne el Concejo Deliberante de Bariloche con la presencia del intendente Soria -virtual candidato del partido peronista a la gobernación en las próximas elecciones- para analizar “la grave crisis que atraviesa la comunidad de Bariloche”. No deciden nada. El silencio de la política es ensordecedor. El gobernador radical Miguel Saiz se limita a pedir “no politizar la tragedia”, no se hace presente en San Carlos de Bariloche durante los 15 días que sucedieron a los violentos hechos y se niega a destituir al jefe de la Regional policial de Bariloche, Argentino Hermosa, al secretario de Seguridad y Justicia y al ministro de Gobierno. Tampoco se expide el gobierno nacional, aliado del gobernador. Sí en cambio abren la boca algunos apologistas del kirchnerismo con la intención de despegar a la administración central de la represión criminal en Bariloche. En El Argentino, Ricardo Forster escribe que “las terribles escenas de la represión policial en Bariloche con su espantoso saldo de tres muertos (dos de ellos menores de edad) nos regresan sobre un tema no saldado por la democracia argentina”, olvidando que le represión policial no se fue nunca. El filósofo incurre en un nuevo y grave olvido al afirmar que “a lo largo de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández se honró una convicción (…) clara, sencilla y tajante: no reprimir las protestas sociales”, pues durante los dos últimos gobiernos seis personas fallecieron como consecuencia de la represión de manifestaciones populares: Luís Marcelo Cuéllar (19 años, militante de la CCC, Jujuy, octubre de 2003); Carlos Fuentealba (40 años, docente, Neuquén, abril de 2007); Juan Carlos Erazo (50, trabajador del ajo, Mendoza, abril de 2008), Facundo Vargas (16, Don Torcuato, enero de 2010), y Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (16 y 28, Bariloche, junio de 2010).


LA HISTORIA


- En 1995 comenzó en la provincia de Río Negro la reconversión de un Estado de semi-providencia que devino en un Estado de corte claramente neoliberal, basado en un modelo social excluyente cuya consecuencia fue la violación sistemática y profunda de los derechos más elementales de las clases sociales más empobrecidas. En clave de clientelismo político se distribuyeron planes sociales y asistencialismo alimentario a las poblaciones afectadas, mientras se reforzaba el sistema represivo institucional territorializado que tuvo y tiene como objetivo fundamental el control y disciplinamiento de la población más pobre.

- En 1998 la desocupación en Bariloche superó el 27%. La ciudad ha vivido en los últimos 15 años un estado progresivo de deterioro social que apenas ha sido atenuado espasmódicamente por una creciente reactivación del turismo -prácticamente único motor de desarrollo económico de la ciudad- desde cuyo producto no se genera ninguna política significativa de redistribución de ingresos. Hay pobreza, hambre y desempleo en una población que no deja de crecer, a pesar de que durante 2007 el índice de aumento del PBI y el ingreso per cápita de la ciudad fueron mayores que el promedio nacional. Pero los contrastes económicos son dramáticos: el 10 por ciento más rico de la población supera 32,1 veces a los recursos anuales del 10 por ciento más pobre de la ciudad. Conforme a los parámetros del INDEC, el 31,2% de los residentes locales debe ser encuadrado en la categoría de 'pobres'.

- Es la ciudad de la provincia de Río Negro que mayor cantidad de habitantes tiene. Son casi 140 mil almas dispersas en el ejido más extenso del país. Su economía es frágil, pues depende exclusivamente de la bonanza de la temporada turística, y su explosivo crecimiento nunca fue planificado; tiene crisis políticas constantes y no ha integrado solidariamente a la población más vulnerable. Subyacen en ella, por lo tanto, tensiones sociales constantes. El 25% de los asalariados del sector privado cobra en negro. Muchos no tienen trabajo permanente. El 40% de la población carece de seguro de salud y sólo el 15% del 60% restante tiene una cobertura digna. En los barrios del Alto, donde vive la mitad de la población de Bariloche, la pobreza estructural (NBI) aumentó tanto en términos relativos (20,18% en 1997 al 22,51% en el 2005), como absolutos (de 12.133 a 19.525 personas).


LAS DOS CIUDADES


En el Alto hay ingentes tasas de delito y muchos homicidios, varios de ellos a manos policiales. En el Alto hay desnutrición: a los chicos les cuesta aprender lo que les enseñan las maestras. No hay suficientes escuelas secundarias; muchos chicos terminan la primaria y después vagan por el barrio. Para la mayoría es muy difícil seguir estudiando; tendrían que caminar muchas cuadras o tener plata para el colectivo, más una buena campera y buenos zapatos para continuar en el secundario. Y no pueden. Entonces dejan. Hay nenas que se prostituyen, el índice de suicidios es alarmante –sobre todo en los jóvenes- y campea la violencia familiar y de género. La atención en los centros de salud barriales es deficiente por una restricción severa en su presupuesto.

No es fácil vivir en el Alto sin gas, sin agua, sin asfalto y sin cloacas. En otoño llueve durante tres meses seguidos y en invierno hace 10 grados bajo cero y se acumulan 40 centímetros de nieve y hielo. No es fácil vivir en casillas de madera y chapa, calefaccionándose con leña o con lo que se encuentre, cuando el viento sopla a ochenta kilómetros por hora. No es fácil vivir lejos del centro urbano, en un lugar en el que el colectivo pasa a horarios impredecibles, y hay que esperarlo bajo la lluvia o la nevisca.

El Bajo, en cambio, es la ciudad rica, dedicada al turismo y al ski, llena de camionetas cuatro por cuatro. Es una ciudad en donde el Ejército y la Iglesia tienen todavía una gran influencia. En el Bajo, por estos días los sectores más conservadores y ultracatólicos buscan destituir al juez Lozada -el que procesó por “homicidio doblemente agravado” al policía sospechoso de haber asesinado a Bonefoi- por el aval que dio a la realización de un aborto no punible reclamado por una adolescente que había denunciado una violación. En el Bajo hace unos años hubo una marcha de vecinos para pedir que no extraditaran al nazi Erich Priebke. Los habitantes del Bajo no sólo no comparten la ciudad con los del Alto, sino que ni siquiera los ven porque los oculta un cerro. El único contacto que tienen las dos ciudades entre sí es, la mayoría de las veces, la ocasión de un delito o un hecho de violencia.


ACUMULAR, REPRIMIR, CRIMINALIZAR


El control social punitivo no es independiente de la estructura social en la que se desarrolla. En el capitalismo, la represión es funcional al sistema y una herramienta coercitiva del Estado burgués. El “gatillo fácil”, la sistemática aplicación de tormentos en cárceles y comisarías y las detenciones arbitrarias son estrategias con las que se busca ejercer el control y el disciplinamiento social de la población más vulnerable y garantizar la aplicación de políticas de hambre y exclusión. Las fuerzas policiales tienen como una de sus finalidades centrales la represión preventiva de los sectores más empobrecidos y marginados, como forma de mantener la situación de desigualdad imperante. Se busca imponer, con un alto grado de selectividad que no es otro que la pertenencia de clase, el temor y la obediencia al orden establecido por medio de castigos ejemplares cotidianos, potenciados por la naturalización y la invisibilización. Es que las grandes mayorías deben ser disciplinadas para que acepten como natural su subordinación a la clase dominante.

La represión y la criminalización, tanto de la pobreza como del conflicto social, se constituyen así en los modos y las respuestas que el Estado organiza sistemáticamente a través de sus instituciones frente a la diversidad de manifestaciones sociales que intentan hacer visibles sus problemas, buscando alguna posible incidencia en las políticas públicas. La criminalización conforma el mecanismo de acción que judicializa tanto al sedicioso-manifestante de una protesta social que bloquea una ruta u ocupa un edificio, como a aquel que comete un delito común en el marco de un empobrecimiento extremo y generalizado. El poder judicial actúa de manera funcional y complementaria castigando a los desprotegidos y eximiendo de culpa a sus represores y asesinos de uniforme, como así también sobreseyendo a los funcionarios corruptos.

En Bariloche se puso en práctica una política de amedrentamiento y de represión sistemática hacia la gente del Alto, que se potencia en temporada alta, cuando vienen turistas de todo el mundo. Entonces, el manejo de la aduana de frontera, simbólica y real, entre el Bajo y el Alto, está a cargo de la policía, que tiene como principal tarea asegurar que Alto y Bajo no se crucen. Incluso los pasajeros de los colectivos tienen que exhibir sus documentos en alguno de los ocho retenes policiales para pasar de la ‘zona fea’ a donde están las casas de té y las finas hosterías. La policía suele recorrer la zona céntrica de Bariloche para “limpiarla” de jóvenes del Alto, a quienes ordenan volver a sus barrios bajo amenazas, que muchas veces se transforman en casos ejemplificadores.

La adhesión de una buena parte de la sociedad barilochense a las políticas de "mano dura" es producto de una engañosa y extendida creencia en las soluciones rápidas y mágicas que ofrece la violencia institucional frente a la problemática del delito. Pero la marcha que organizaron en el Bajo en apoyo a la policía provincial, realizada después de las tres ejecuciones de junio, da cuenta de una comunidad que niega el conflicto social y por lo tanto no reconoce como hijos propios a los jóvenes asesinados: lo único que pide es que se reconstruya la frontera entre las dos ciudades. Si pudieran construir un muro, lo construirían.

Bariloche no es una ciudad con dos caras; son dos ciudades distintas, con lógicas sociales y culturales propias y con dos formas muy diferentes de apropiación y distribución de la riqueza.


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Cuando los Santos vienen marchando

TENSIÓN SIN FIN ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

El conflicto más profundo que presenta Latinoamérica en la actualidad está dado por las relaciones entre Colombia y Venezuela. Ambos países limítrofes poseen vínculos históricos, geográficos y comerciales de larga data teñidos por la disputa político-ideológica que mantiene el presidente venezolano Hugo Chávez con Estados Unidos, y que se extiende al principal aliado de Washington en la región, como es el caso del colombiano Álvaro Uribe.


Por Marcelo J. Levy

Para dar cuenta de la historia reciente entre estos dos países, debe considerarse como un antecedente el incidente producido el 4 de enero de 2005, cuando el gobierno de Uribe anunció la detención del dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Granda, en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta.

El arresto del dirigente, conocido como el “canciller de las FARC” abrió un abanico de dudas y denuncias sobre una posible violación de la soberanía de Venezuela. El 9 de enero Hugo Chávez aseguró que Granda en realidad había sido abducido secretamente en Caracas, y acusó a Uribe de mentiroso.

Días después, Colombia reconoció haber sobornado a efectivos corruptos de la policía venezolana, que se encargaron de secuestrar al detenido y trasladarlo hasta Cúcuta, pero rechazó la acusación de haber violado la soberanía venezolana.

El gobierno de Hugo Chávez mantuvo que el hecho había sido una violación a la soberanía de su país y criticó a Uribe por no haber pedido la extradición del dirigente de las FARC. El incidente desató una crisis que llevó a la ruptura de las relaciones comerciales.

El 14 de enero de 2005 el gobierno de Venezuela ordenó el cierre de la frontera con Colombia y la retirada de los embajadores de ambas naciones hasta que Uribe ofreciera una disculpa formal.

Los gobiernos de Cuba, Brasil y Perú ofrecieron su mediación en el conflicto, pero la tensión se profundizó cuando Estados Unidos respaldó el accionar de Colombia y acusó a Chávez de proteger y apoyar a las FARC.

El principio de solución de la crisis se produjo el 29 de enero, cuando en un comunicado Uribe expresó su predisposición a revisar los hechos para evitar en el futuro incidentes similares. Tras esta declaración, Venezuela dio a entender que daba por superada la crisis diplomática, y la distensión fue sellada por Chávez y Uribe durante un encuentro que mantuvieron el 15 de febrero.

Más allá de este nuevo escenario bilateral, el enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos se profundizó por las acusaciones mutuas de desestabilización de la región.

Durante los años siguientes, la relación entre Chávez y Uribe tuvo puntos de tensión, a partir de la decisión tomada por el bolivariano de intentar lograr un acuerdo humanitario entre las FARC y el gobierno de Colombia, consistente en el canje de rehenes en manos de la guerrilla colombiana por rebeldes detenidos, mediación que Uribe hizo todo lo posible por frustrar.

En 2008, a partir de la negativa de Uribe de reconocer a las FARC como grupo insurgente y no terrorista, Chávez lo acusa de ser “cobarde, mentiroso, cizañero y maniobrero”.

Luego el enfrentamiento tuvo un nuevo round, cuando Colombia anunció el asesinato de Raúl Reyes, número dos y vocero de las FARC en territorio ecuatoriano. Chávez le advirtió a Uribe que una eventual incursión militar de Colombia en Venezuela para perseguir a presuntos miembros del grupo armado sería causa de guerra.

Tras acusar a Uribe de “criminal, paramilitar, narcotraficante y lacayo del imperio”, Venezuela ordenó el cierre de su embajada en Bogotá y la movilización de diez batallones militares hacia la frontera con Colombia.

El acercamiento se produjo durante una Cumbre del Grupo de Río en República Dominicana, luego de dos días de reuniones, a partir del cual se reestablecieron las relaciones diplomáticas y Venezuela replegó las tropas de la frontera.

En 2009, la tensión entre ambos líderes creció a partir de la firma de un acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, por el que Bogotá permitió a Washington el uso de siete bases militares para el presunto combate del narcotráfico.

El presidente venezolano consideró el acuerdo como una sumisión a los intereses estadounidenses en la región y amenazó con revisar las relaciones diplomáticas con Colombia. La posición de Chávez fue compartida por otros gobiernos latinoamericanos, y en la cumbre de Unasur que se realizó en Bariloche ese mismo año los mandatarios del grupo regional, intentaron desmontar la polarización que provoca la presencia de tropas estadounidenses en la región.

Tras la cumbre de la Unasur, Chávez insistió en el peligro que significaba el acuerdo militar, y formuló un llamado a los venezolanos para prepararse para una guerra.
Este nuevo pico de tensión, fue controlado por la intervención de países de la región y la OEA, que reclamó prudencia a los mandatarios.

Durante la campaña electoral para elegir el sucesor de Uribe en Colombia, el presidente de Venezuela señaló que si triunfaba el candidato oficialista, Juan Manuel Santos, ex ministro de defensa, habría un riesgo bélico cierto en la región.

Finalmente, el 30 de mayo de 2010, Santos resulta electo presidente de Colombia. El vencedor recibió no obstante la felicitación de Chávez, quien le auguró éxitos en su nueva responsabilidad.

Pero el 6 de julio, Uribe recrudeció la confrontación con Chávez, con una nueva denuncia colombiana sobre la relación que el venezolano mantendría con las FARC que terminó con la ruptura de las relaciones diplomáticas.

La actual etapa de confrontación expresada sólo a días del cambio presidencial en Colombia, parece marcar el territorio político por donde se deberá mover Santos y las relaciones de su país con Estados Unidos y los vecinos de la región. Santos afirmó que unas de las prioridades de su gobierno sería recomponer las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y Ecuador, mediante un diálogo directo y franco. Esta semana habrá una reunión para limar asperezas entre ambos estados y empezar con el pie derecho las relaciones bilaterales.

En realidad, las diferencias son irreconciliables si tenemos en cuenta que la Venezuela de Chávez es parte de la vanguardia socialista latinoamericana, que posee un proyecto de patria grande real, verdadero e inclusivo, mientras que la Colombia de Uribe-Santos es el Estado más fascista de Latinoamérica y el mejor alumno y aliado del imperialismo norteamericano. El correr de los meses de Santos en el ejecutivo, develará cómo avanza el conflicto.


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A la cabeza del matrimonio igualitario

ARGENTINA ES EL PRIMER PAÍS DE LATINOAMÉRICA QUE PERMITE EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

La ley de matrimonio igualitario traerá un cambio cultural y ese es el logro más importante, según la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, María Rachid. Feminista y activista de la diversidad sexual, Rachid reflexionó sobre este logro y enumeró las medidas previstas para garantizar la aplicación de la norma.

Por Alejandra Waigandt

“La aprobación del matrimonio para todos y todas tiene un impacto cultural contra la discriminación, trascendental. Una persona escribió en el Facebook de la Federación y logró resumirlo en una frase: en 45 años es la primera vez que salgo a la calle y me siento uno más...”, dijo María Rachid quien no pudo seguir hablando; las emociones que venía experimentado desde la sanción de la ley de matrimonio igualitario fluyeron, posiblemente porque se encontraba en el living de su casa, vigilada de cerca por su perra Lola, saboreando un café y relajada. Hacía unos minutos nada más unas mamás reunidas en la entrada de un jardín de infantes cercano a su departamento de la calle Solís, la abordaron para incluirla en un acalorado debate sobre el matrimonio homosexual. Vive a diario experiencias similares: personas que ni siquiera conoce y que podrían ser homosexuales o tener un hermano gay o una familiar lesbiana se acercan para abrazarla y lloran.

Rachid es la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans FLGBT y el 1º de octubre dejará ese liderazgo en manos de Esteban Paulón, tal como se resolvió en el congreso nacional realizado del 15 al 17 de julio con una representación de 25 provincias. Es una de las fundadoras de la Federación, que nació en 2005 cuando organizaciones como Las Fulanas y la rosarina Vox se unieron para luchar por los derechos de las personas que son discriminadas porque tienen orientaciones sexuales diferentes a la hegemónica. Con el tiempo lograron una articulación nacional y en el camino hacia la igualdad jurídica una primera meta fue el matrimonio homosexual, siguen el reconocimiento a la identidad trans y la eliminación de su mención en los códigos de faltas contravencionales.

“Sentirse ciudadanos de segunda implica muchas cosas, implica depresión, dolor, sufrimiento, suicidio, no acceso al trabajo, a la salud, a la educación. Esta ley realmente va a cambiar la vida de todas esas personas. También va a influir en la percepción que tiene la gente de estas relaciones, estas familias, los y las niñas de estas familias”, continuó Rachid al recuperar la voz. Ella no puede bajar la guardia, aún tiene que plantarse frente a funcionarios que insisten en negar el derecho al matrimonio a parte de la ciudadanía, a autoridades que avalan esa negativa como el gobernador de Mendoza Celso Jaque, y sobre todo a la cúpula de la Iglesia Católica que amenazó con impulsar acciones de inconstitucionalidad para que se derogue la ley que equiparó derechos entre parejas heterosexuales y homosexuales.

- ¿Qué pensaste cuando una jueza en La Pampa y otra en Entre Ríos aseguraron que no oficiarían enlaces entre personas del mismo sexo? ¿Qué estrategia tiene la Federación para estos casos?

- No me sorprendió. Hemos seguido las experiencias en cada uno de los países en que se legalizó el matrimonio para todos y todas y sabíamos que después de que se aprobara la ley habría quienes intentarían la desobediencia civil. Me llamó la atención que fueran pocos los casos. Seguramente la mayoría conoce los artículos 248 y 249 del Código Penal, según los cuales es posible demandar a los y las funcionarias públicas por daños y perjuicios e inhabilitados en sus funciones hasta dos años. Desde la Federación vamos a denunciar a cada una de las personas que se nieguen a realizar estos casamientos para que sean apartadas de sus cargos. En cuanto al gobernador de Mendoza creo que en los próximos días va a revertir su posición, ya que la Federación le ha advertido sobre la posibilidad de denunciarlo penalmente, y como es un funcionario público también podría incurrir en apología del delito.

- ¿Qué pasará con la acción de inconstitucionalidad con la que amenazó el Episcopado?

- No tiene posibilidades. El caso mío y de Claudia Castro llegó a la Corte Suprema antes de que se aprobara la ley de matrimonio igualitario, y sabemos que 6 de los 7 jueces que integran el máximo tribunal favorecerían el argumento de que era inconstitucional que no pudiéramos casarnos.

- ¿Qué están respondiendo a las parejas extranjeras que quieren casarse en Argentina?

-En primer lugar hay que saber que la Constitución nacional garantiza a la persona extranjera el derecho de contraer matrimonio en el país y únicamente se necesita acreditar un domicilio. Cuando se ingresa al país se fija un domicilio en Migraciones, esto debería ser suficiente para presentarse en los registros civiles del país y casarse. Si es necesario sostendremos estas garantías judicialmente.

- ¿Teniendo en cuenta que la decisión sobre a quién se le entrega un niño o una niña en adopción en el país recae en la figura de un juez o jueza, crees que será más difícil para los matrimonios homosexuales?

-Creo que van a haber dificultades pero no por la composición de las parejas, sino por el sistema de adopción. En Argentina hay mucho niños que necesitan una familia, y muchas parejas que están queriendo tener un niño, sin embargo hay un problema que hace que esos niños no se junten con esas familias. Como estrategia, tenemos previstas reuniones con registros únicos de adopción para hacer capacitaciones y analizar la implementación de la ley.

- En las semanas previas a la sanción de la ley hubo una fuerte campaña religiosa en contra de su aprobación, ¿qué análisis hicieron de esas movilizaciones y qué mensaje darle a la sociedad que las vio en la televisión?

- En España pasó lo mismo y allí convocaron a un millón de personas. En Argentina sólo participaron 50 mil, según Clarín. En las provincias había menos de 2000 participando en estas convocatorias. Esto muestra que la sociedad apoya esta ley en forma mayoritaria y ni siquiera en las provincias la ciudadanía se sintió movilizada a manifestarse en contra. Inclusive se acercaron a nosotros para explicar que habían participado en las marchas porque les quitarían las becas escolares a sus hijos.

- ¿Se trata de un proceso de secularización? El año pasado se aprobaron leyes similares en Uruguay y Ciudad de México.

Creo que la sociedad, y también quienes comparten la fe católica, está muy decepcionada con la jerarquía de la iglesia porque históricamente ha estado del lado equivocado. Han organizado una manifestación en contra una ley que amplía derechos y equipara a las familias. ¿Cuándo organizaron ese tipo de marcha en contra de la pedofilia, el hambre, el neoliberalismo, la dictadura militar?

- ¿Por qué crees que fue posible avanzar en la igualdad de derechos en el matrimonio y es tan difícil lograr ese avance en el tema del aborto?

- No lo he analizado con detenimiento, pero creo que a las mujeres nos cuesta más organizarnos y ése es el éxito del patriarcado. Hay una cuestión de género a nivel de la educación, las mujeres somos educadas para competir, mientras que a los varones se les inculca el compañerismo, la complicidad.

Rachid participó durante años en el movimiento de mujeres. Siente que siempre fue feminista. Siendo adolescente y viviendo en San Isidro, Buenos Aires, su familia compuesta por un padre, una madre, tres hermanas y un hermano seguía el modelo machista: los varones ocupaban las cabeceras de la mesa familiar y las mujeres las periferias. Cambiar esa disposición fue su primera lucha de género, pues pensaba que su madre o ella misma tenían derecho a disfrutar de las cabeceras. En ese entonces el padre descalificaba su protesta llamándola feminista, y María se convenció de que debía ser algo muy bueno, ya que se lo decían cada vez que defendía aquello que consideraba correcto. Se asumió lesbiana a los 20 años viviendo en Estados Unidos, donde tomó contacto por primera vez con organizaciones vinculadas al feminismo. Cuando retornó a la Argentina participó en la fundación de Las Fulanas.



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Los justicieros del déficit

ESTADOS UNIDOS: NÚMEROS EN ROJO POR CULPA DE LA GUERRA

Salir de los números en rojo es la nueva tendencia y los halcones del déficit se han lanzado con todo sobre el presupuesto de Estados Unidos. Esta semana, atacaron a los subsidios de desempleo. En última instancia, van tras el sistema de Seguridad Social y Medicare / Medicaid, los venerables programas de cobertura médica que en un momento fueron considerados intocables en la política estadounidense. Estos programas fueron reemplazados por un nuevo intocable: el presupuesto de defensa. Para realmente lidiar con el déficit anual y el aumento de la deuda nacional, entonces, vamos a tener que recortar el gasto militar. Necesitamos a los justicieros del déficit.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)

En primer lugar, llamemos a las cosas por su nombre: estamos hablando del “presupuesto de guerra”. El gobierno creó el Departamento de Guerra en 1789, ministerio que recién en 1949 fue renombrado como Departamento de Defensa. El presupuesto de guerra que el Presidente Barack Obama acaba de enviar al Congreso para el año de ejercicio fiscal 2011 es de 548.900 millones de dólares, con 33 mil millones adicionales, que es el gasto suplementario de 2010 que está siendo actualmente debatido en el Congreso, y 159.300 millones más “para apoyar las actuales operaciones de contingencia en el extranjero, que incluyen fondos para ejecutar la nueva estrategia del Presidente en Afganistán y Pakistán”. Recuerden que “operaciones de contingencia en el extranjero” es el nuevo nombre que el gobierno de Obama le dio a la “guerra global contra el terrorismo”.

Estas cifras incluyen solo el presupuesto para la guerra disponible al público. También hay un “presupuesto en negro” para operaciones clandestinas, mantenido en secreto, que el ex Director de Inteligencia Nacional Dennis Blair reveló es de alrededor 75.000 millones de dólares. Como denunció el Washington Post esta semana, el aparato de seguridad del Estado post 11 de septiembre ha crecido y se ha transformado en una “empresa” gigantesca, inmanejable y ampliamente privatizada.

Más de 2.000 empresas con fines de lucro y más de 85.000 personas con acceso a información secreta están involucrados en actividades militares y de inteligencia, trabajando de manera directa para el gobierno de Estados Unidos, con muy poca o ningún tipo de supervisión.

El congresista Alan Grayson, demócrata de Florida, presentó el proyecto de ley H. R. 5353, denominado “La guerra nos está empobreciendo”. Grayson, con algunos republicanos y un número de co-promotores progresistas demócratas, quiere obligar al Comandante en Jefe Obama a llevar a cabo sus dos guerras con “tan solo” los 548.900 millones de dólares del presupuesto base. Los 159.300 millones de dólares ahorrados serían usados para desarrollar un programa de exenciones impositivas, haciendo que los primeros 35.000 dólares de ingreso personal estén libres de impuestos, y que cualquier sobrante sea destinado al pago de la deuda nacional. El proyecto de ley tiene que ser debatido ahora por el comité correspondiente y podría generar verdadero apoyo de miembros de ambos partidos. Grayson, al momento de presentar el proyecto de ley, destacó un hecho que vale la pena repetir: el presupuesto de guerra de Estados Unidos es mayor que el gasto militar de todas las naciones de la Tierra, tomadas en conjunto.

Mientras tanto, en la Conferencia Nacional por la Paz que se realizará en Albany, Nueva York, este fin de semana, la gente tendrá como blanco al presupuesto militar. Los estudiantes se están organizando en función de la vinculación entre el gasto destinado a la guerra y los recortes en el presupuesto educativo, generando protestas en las universidades de todo el país. Otra iniciativa, denominada “Traigan nuestros dólares aportados a la guerra de regreso al país”, promueve la acción a nivel de los gobiernos municipales y estatales, junto con campañas de base para presionar a los miembros del Congreso a detener el financiamiento para la guerra.

El costo de la guerra de Irak fue estimado por el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, junto con su colega Linda Bilmes, en 3 billones de dólares. En el cálculo se incluyen no solo los costos directos actuales, sino también el costo que significará para la sociedad asistir a los veteranos de guerra heridos, y los costos a largo plazo de tener tantas familias desestabilizadas por tener que cuidar a los seres queridos que fueron heridos, o por sufrir la pérdida del proveedor del sustento familiar, muerto en la guerra. Y eso solo en Irak. En mayo, el costo mensual de la guerra de Afganistán superó, por primera vez, el costo de la guerra en Irak.

Stiglitz fue uno de los muchos economistas que dijeron que el paquete de estímulo económico de 787.000 millones de dólares – impulsado por el gobierno de Obama en 2009 para reactivar la economía - era demasiado pequeño. Sostiene que el gasto deficitario, si es gastado en forma inteligente, genera ganancias a largo plazo para una economía.

En contraste, escribió recientemente: “Los déficit para financiar guerras o beneficiar al sector financiero...imponen una carga a las generaciones futuras”.

El economista Dean Baker, del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), dice que la Comisión de Déficit del Presidente Obama, formalmente la Comisión Nacional para la Responsabilidad y la Reforma Fiscales, es una de las principales causas de esta preocupación. Los co-presidentes de la comisión son el ex Senador republicano Alan Simpson y el demócrata Erskine Bowles, que forma parte del directorio de Morgan Stanley, una de las empresas rescatadas de Wall Street. Baker me dijo: “El Presidente Obama escogió a Alan Simpson, ex senador de Wyoming, que hizo su carrera en base a castigar a los ancianos – y cree que eso está bien. No sé si está desvariando o qué, pero habla de como los ancianos manejan sus Lexus en los barrios privados. Quizá sus amigos lo hacen. Pero tenemos la información, y muy pocos están en esa situación. Y luego el co-presidente demócrata Erskine Bowles, que es un hombre de Wall Street. Gana 300.000 dólares al año como director de Morgan Stanley, una empresa que debería ser conocida por todos, porque hubiera quebrado sin el apoyo de los contribuyentes. Y él, de la nada, dijo 'Bueno, vamos a tener que recortar la Seguridad Social'. Entonces, las dos principales personas designadas por el Presidente Obama, sus co-presidentes, ambos dicen que quieren recortar la Seguridad Social. Esto debería preocupar mucho a la gente. No es una comisión equilibrada”.

Recortar la Seguridad Social no es la solución, la solución es recortar el gasto de guerra y traer a los soldados de regreso. Esa es la tarea de los justicieros del déficit.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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