PRIMO DE MARCOS PEÑA Y DIRECTOR DE EMPRESAS DE LA
FAMILIA MACRI DESMONTA EN SALTA CON UN PERMISO ILEGAL DE URTUBEY
Mientras
el gobierno nacional anunció posibles cambios en la Ley de Bosques, avanza el
desmonte de casi 9 mil hectáreas autorizado ilegalmente por el gobierno de Salta
a Alejandro Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante de
varias empresas de la familia Macri. Los pocos montes que quedan son fundamentales
para la subsistencia de cuatro comunidades wichi.
Por Hernán
L. Giardini (desde Salta)
Cuatro topadoras están arrasando las
últimas 2.500 hectáreas de bosques que quedan en la estancia Cuchuy (norte de
Salta) a tan sólo 10 kilómetros de la comunidad wichi Corralito,
cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron deforestadas
en los últimos años.
La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña; quien es
primo de Marcos Peña Braun (Jefe de Gabinete de la Nación) e integrante del
directorio de Finca Cuchuy S.A., Salta Cotton S.A., Latin Bio S.A., Cremer y
Asociados S.A., Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas del Grupo Socma,
de la familia Macri. El mismo empresario fue quien compró en 1997 la finca El
Yuto (cercana a Cuchuy) para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
La estancia Cuchuy está ubicada en el departamento San Martín y
abarca cerca de 10.000 hectáreas. Fue clasificada por el Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II –
amarillo, que no permiten desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno
provincial el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría
III – verde para poder realizar el desmonte de 8.962 hectáreas. Su
deforestación afectará seriamente a las comunidades wichi Cuchuy, San José,
Corralito y Chaguaral, que dependen de sus bosques para su alimento y
medicinas.
El
8 de junio de 2012 el Consejo Directivo
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta dictó una
resolución donde advierte que “los
remanentes de bosques que quedan en la zona son la principal fuente de recursos
para la vida de estas comunidades y el desarrollo de su cultura. Estas personas
tienen cada vez más dificultades para obtener agua y alimento como consecuencia
de las actividades que las empresas agrícolas llevan a cabo en la zona”, por
lo que solicitan al gobierno provincial que “se
tomen medidas urgentes dado que la irreversibilidad de los desmontes y la
celeridad con la que los mismos se están realizando violan los derechos
fundamentales de las comunidades indígenas”.
El
17 de noviembre de ese año las comunidades wichi denunciaron al gobierno de
Salta que “representantes de las empresas
de agronegocios nos insisten para que firmemos acuerdos para que puedan
desmontar nuestros territorios. Ofrecen casas y unas hectáreas que “donarán”
cuando el gobierno de la provincia los autorice a desmontar”.
Un año después, desde la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires enviaron una carta al gobierno de
Salta para “manifestar la preocupación de
un grupo de investigadores de la FAUBA por el avance de los desmontes en el
territorio ocupado por un conjunto de comunidades Wichí del Este de General
Ballivian, Departamento de San Martín, Provincia de Salta. (...) El desmonte de
estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y
ambiental al ocurrir en áreas catalogadas por la Prov. de Salta como importantes
en base a su valor de conservación”.
El
27 de septiembre de 2014 las comunidades Cuchuy, Corralito y San José enviaron
una carta al gobernador de Salta manifestando que “en ejercicio de nuestros derechos constitucionales – artículos 75
inciso 17 y 41 – nos oponemos a los desmontes que se realizan en nuestro
territorio, del cual somos poseedores originarios. El bosque es nuestra vida,
sin él no somos nadie. Nos da comida – por ejemplo miel de abejas, animales del
monte y frutas de los árboles -, es nuestra farmacia a cielo abierto, de allí
sacamos nuestros remedios naturales. También es nuestra fuente de trabajo, nos
provee de chaguar con el que elaboramos artesanías para vender. Para nosotros
el desmonte no es provechoso. No da fuentes de trabajo, sino que nos las quita
(…) Nuestro reclamo continuará hasta que retiren definitivamente las topadoras".
A pesar de esto, el gobierno de Juan Manuel Urtubey autorizó el
desmonte, valiéndose de dos decretos inconstitucionales (2211/10 y 3136/11) mediante los cuales durante
tres años realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas para
habilitar el avance de las topadoras donde la Ley Nacional de Bosques no lo
permite, abarcando una superficie de 144.984 hectáreas. Esta violación de la normativa forestal fue cuestionada
por la Secretaría de Ambiente de
la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la
Nación y por más de cien organizaciones sociales y expertos.
A fines de 2014 Urtubey derogó dichos
decretos, tras una intensa campaña de la que participaron 350.000
personas y cuyas firmas fueron entregadas al gobernador por la coalición
Salta con Bosques. Sin embargo, los desmontes ilegalmente aprobados no fueron
cancelados. Es por eso que volvieron las topadoras de Braun Peña. Es por eso
que necesitamos que destruir bosques sea considerado como lo que es, un crimen.
http://revistacontracultural.blogspot.com.ar/
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