12 de diciembre de 2017

Una asociación ilícita de empresarios y funcionarios para arrasar con los bosques y su gente



PRIMO DE MARCOS PEÑA Y DIRECTOR DE EMPRESAS DE LA FAMILIA MACRI DESMONTA EN SALTA CON UN PERMISO ILEGAL DE URTUBEY   

Mientras el gobierno nacional anunció posibles cambios en la Ley de Bosques, avanza el desmonte de casi 9 mil hectáreas autorizado ilegalmente por el gobierno de Salta a Alejandro Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante de varias empresas de la familia Macri. Los pocos montes que quedan son fundamentales para la subsistencia de cuatro comunidades wichi.  

Por Hernán L. Giardini (desde Salta) 

Cuatro topadoras están arrasando las últimas 2.500 hectáreas de bosques que quedan en la estancia Cuchuy (norte de Salta) a tan sólo 10 kilómetros de la comunidad wichi Corralito, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron deforestadas en los últimos años. 

La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña; quien es primo de Marcos Peña Braun (Jefe de Gabinete de la Nación) e integrante del directorio de Finca Cuchuy S.A., Salta Cotton S.A., Latin Bio S.A., Cremer y Asociados S.A., Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas del Grupo Socma, de la familia Macri. El mismo empresario fue quien compró en 1997 la finca El Yuto (cercana a Cuchuy) para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri. 

La estancia Cuchuy está ubicada en el departamento San Martín y abarca cerca de 10.000 hectáreas. Fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II – amarillo, que no permiten desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III – verde para poder realizar el desmonte de 8.962 hectáreas. Su deforestación afectará seriamente a las comunidades wichi Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral, que dependen de sus bosques para su alimento y medicinas. 

El 8 de junio de 2012 el  Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta dictó una resolución donde advierte que “los remanentes de bosques que quedan en la zona son la principal fuente de recursos para la vida de estas comunidades y el desarrollo de su cultura. Estas personas tienen cada vez más dificultades para obtener agua y alimento como consecuencia de las actividades que las empresas agrícolas llevan a cabo en la zona”, por lo que solicitan al gobierno provincial que “se tomen medidas urgentes dado que la irreversibilidad de los desmontes y la celeridad con la que los mismos se están realizando violan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas”. 

El 17 de noviembre de ese año las comunidades wichi denunciaron al gobierno de Salta que “representantes de las empresas de agronegocios nos insisten para que firmemos acuerdos para que puedan desmontar nuestros territorios. Ofrecen casas y unas hectáreas que “donarán” cuando el gobierno de la provincia los autorice a desmontar”. 

Un año después, desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires enviaron una carta al gobierno de Salta para “manifestar la preocupación de un grupo de investigadores de la FAUBA por el avance de los desmontes en el territorio ocupado por un conjunto de comunidades Wichí del Este de General Ballivian, Departamento de San Martín, Provincia de Salta. (...) El desmonte de estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental al ocurrir en áreas catalogadas por la Prov. de Salta como importantes en base a su valor de conservación”. 

El 27 de septiembre de 2014 las comunidades Cuchuy, Corralito y San José enviaron una carta al gobernador de Salta manifestando que “en ejercicio de nuestros derechos constitucionales – artículos 75 inciso 17 y 41 – nos oponemos a los desmontes que se realizan en nuestro territorio, del cual somos poseedores originarios. El bosque es nuestra vida, sin él no somos nadie. Nos da comida – por ejemplo miel de abejas, animales del monte y frutas de los árboles -, es nuestra farmacia a cielo abierto, de allí sacamos nuestros remedios naturales. También es nuestra fuente de trabajo, nos provee de chaguar con el que elaboramos artesanías para vender. Para nosotros el desmonte no es provechoso. No da fuentes de trabajo, sino que nos las quita (…) Nuestro reclamo continuará hasta que retiren definitivamente las topadoras".

A pesar de esto, el gobierno de Juan Manuel Urtubey autorizó el desmonte, valiéndose de dos decretos inconstitucionales (2211/10 y 3136/11) mediante los cuales durante tres años realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas para habilitar el avance de las topadoras donde la Ley Nacional de Bosques no lo permite, abarcando una superficie de 144.984 hectáreas. Esta violación de la normativa forestal fue cuestionada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y por más de cien organizaciones sociales y expertos.

A fines de 2014 Urtubey derogó dichos decretos, tras una intensa campaña de la que participaron 350.000 personas y cuyas firmas fueron entregadas al gobernador por la coalición Salta con Bosques. Sin embargo, los desmontes ilegalmente aprobados no fueron cancelados. Es por eso que volvieron las topadoras de Braun Peña. Es por eso que necesitamos que destruir bosques sea considerado como lo que es, un crimen.

http://revistacontracultural.blogspot.com.ar/ 

No hay comentarios: