5 de enero de 2010

La mejor maldita policía del mundo goza de buena salud

SE CUMPLE UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN DE LUCIANO ARRUGA

El “gobierno de los derechos humanos” tiene su segundo desaparecido: Luciano Arruga, un chico humilde de sólo 16 años, “culpable” de no querer robar para la maldita policía bonaerense. Un año después de su desaparición la investigación judicial parece haberse empantanado, y los policías sospechados -que estaban “en disponibilidad”- fueron repuestos en sus cargos por el ministro Stornelli, quien a fines de 2009 realizó un importantísimo y revolucionario descubrimiento: la policía roba y estafa. “Con esta policía -sostuvo eufórico el gobernador Scioli- estamos dando la lucha contra la delincuencia en todos los frentes”. Eso está muy bien, pero ahora le falta agregar el frente policial.


Por Marcelo R. Pereyra

EL PRECIO DE DECIR NO

12 de Octubre es un barrio de casas humildes ubicado en Lomas del Mirador, una localidad cercana a la ciudad de Buenos Aires que forma parte del enorme y populoso partido de La Matanza. Allí vivió hasta hace un año Luciano Arruga, un chico de 16 años que se dedicaba a cartonear para mejorar los magros ingresos de su familia. Los policías del barrio lo tenían “registrado” en esa actividad y un día lo pararon para “ofrecerle” robar para ellos. Como Luciano se negó lo llevaron al destacamento de la calle Indart, a una cuadra y media de la avenida San Martín, que conecta Lomas del Mirador con Tablada y Ramos Mejía. Esta sede policial se abrió como respuesta al reclamo por más vigilancia policial efectuado por la agrupación “Vecinos Alerta”.

Esa detención “por averiguación de antecedentes” tuvo lugar el 22 de septiembre de 2008. Cuando la hermana y la madre de Luciano lo fueron a buscar descubrieron que lo habían molido a golpes y lo tuvieron que llevar al Policlínico de San Justo. Un mes más tarde los policías lo volvieron a detener, esta vez acusándolo del robo de un mp3, y lo volvieron a golpear.

La noche del 31 de enero de 2009 Luciano fue a visitar a Oscar, un amigo del barrio. Llegó hasta la puerta y tocó el timbre. Cuando Oscar salió a abrir, no había nadie.

SU PASADO LOS CONDENA

Apenas producida la desaparición de Luciano, sus familiares sospecharon inmediatamente de los policías del destacamento de Lomas del Mirador por el hostigamiento que habían venido ejerciendo sobre él. Tan evidente y ostensible había sido su accionar mafioso que, casi sin ningún otro indicio ni prueba, los ocho policías que estuvieron “de guardia” la noche de la desaparición fueron separados de sus cargos. Pero cuando la fiscalía comenzó la investigación esas sospechas no sólo se confirmaron sino que se incrementaron. Ello fue así porque:

1- Cuando los policías fueron llamados a declarar incurrieron en varias contradicciones.

2- Dos personas que estaban detenidas en la comisaría la noche del 31 de enero declararon haber oídos gritos de alguien que era golpeado. Se les mostró una foto de Luciano y lo reconocieron.

3- Una pericia realizada con perros entrenados en la búsqueda de personas determinó que Luciano estuvo en la comisaría y en uno de sus móviles.

4- Un análisis del registro del movimiento de ese móvil esa noche indicó que había estado detenido durante dos horas cerca de la villa Santos Vega, en lugar de estar realizando patrullajes en la zona más céntrica de Lomas del Mirador. Luego de la hora en la que desapareció Luciano, el registro indica que el móvil estuvo “paseando” por todo el distrito, recorriendo zonas descampadas y cementerios que están fuera de su cuadrícula.

5- El peritaje del libro de entradas de la comisaría reveló que éste fue adulterado.

Es curioso: todo esto no alcanzó para que la fiscalía pidiera el procesamiento preventivo de los ocho efectivos implicados. Las pruebas no son concluyentes, es cierto, pero son más que suficientes para considerar el dictado de una prisión preventiva bajo la sospecha de que Luciano fue golpeado hasta morir en la comisaría y posteriormente hicieron desaparecer su cuerpo, una metodología ya usada en la desaparición del estudiante Miguel Bru, en 1993. Mientras la inacción de la fiscal de La Matanza no se revierta, habrá que suponer que se está frente a un nuevo caso de protección de la Justicia para con la mejor maldita policía del mundo. Y hay más: el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, se aprovechó del no procesamiento para reponer a los implicados en sus funciones. Actualmente se desempeñan en la comisaría 1ª de Lomas de Zamora, la misma en la que revistaban los policías que mataron el 29 de mayo de 1999 al poeta Sergio Schiavini, en uno de los casos más antiguos de “gatillo fácil”.

STORNELLI Y SCIOLI: UN SOLO CORAZÓN

A mediados del año pasado un juez de Garantías de La Plata, Luís Federico Arias, denunció que la policía recluta menores para que roben para ella, algo que si bien no es novedoso resultó impactante por provenir de la boca de un magistrado. El gobernador Daniel Scioli saltó como leche hervida y retó al juez a que presentara pruebas. El ministro Stornelli con fidelidad canina respaldó a su jefe político y acusó a Arias de buscar “proyección mediática”; además lo denunció penalmente.

Un tiempo después se produjeron en pocos días tres asesinatos de mujeres con características semejantes: en los tres casos las mataron para robar sus autos. Las sospechas cayeron como un rayo sobre menores habitantes de villas cercanas a los lugares donde se cometieron los crímenes. Como es tradicional, los medios masivos se ocuparon de resaltar la peligrosidad y el “frondoso prontuario” de los sospechados.

Pero solamente tres meses después de la denuncia del juez Arias, don Stornelli hizo una denuncia similar: anunció rimbombante que sospechaba que detrás de estos asesinatos había una banda de policías retirados y en actividad que -¡Oh casualidad!- reclutan a menores de edad para robar autos. Y explicó, sin que se le moviera un músculo de la cara, que este accionar delictivo cívico-policial era parte de una campaña para “desestabilizar” al gobierno de Scioli. Aparentemente, tal campaña sería una respuesta o represalia a los cambios que el ministro había ordenado en la Dirección de Prevención de Delitos contra la Propiedad Automotor como consecuencia de haber detectado en ese organismo “negocios espurios” y “actividades ilícitas”. ¡Caramba!: en solamente tres meses la policía que daba una “lucha sin cuartel contra los desarmaderos y el narcotráfico” se había convertido en una gavilla de mafiosos.
LAS COSAS COMO SON

Se ha señalado en esta columna en reiteradas oportunidades que las fuerzas policiales, y sobre todo la de la provincia de Buenos Aires, son las principales protagonistas, por acción u omisión, del accionar delictivo en la Argentina. Frente a esta realidad, los políticos de turno, más preocupados por su pervivencia en el poder que por la seguridad de los ciudadanos, han adoptado la política del dejar hacer y no entrometerse en los negocios e ilícitos policiales. Claro que de tanto en tanto anuncian teatralmente alguna purga, como para dar la impresión de que les preocupa la generalizada corrupción policial.

Sin embargo, la persistencia de estas prácticas delincuenciales en las policías –que viene atravesando distintos gobiernos provinciales y nacionales desde tiempos inmemoriales- sólo puede explicarse por un alto grado de cobertura e impunidad. Son un claro ejemplo de ello las desapariciones no esclarecidas de Miguel Bru, Julio López y Luciano Arruga. Tres vidas truncadas por asesinos de uniforme protegidos por políticos, jueces y fiscales.

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