EL LADO B DEL MODELO AGROEXPORTADOR
La Argentina agroexportadora de la que se
enorgullecen tanto el gobierno como las asociaciones de medianos y grandes
productores del campo tiene su lado B.
Por Hernán L. Giardini
El crecimiento exponencial que la producción
agrícola tuvo en las últimas dos décadas (fundamentalmente soja, que hoy ya abarca
el 60% de la superficie sembrada) implicó en muchos casos el desmonte con
maquinaria pesada en búsqueda de nuevas tierras para ampliar la frontera
agropecuaria.
Favorecida por la inversión en
infraestructura, los cambios tecnológicos (la introducción de los transgénicos
y la siembra directa), el contexto internacional y los bajos precios de la
tierra, la expansión de la agricultura intensiva hacia el norte generó uno de
los procesos de transformación de bosques nativos de mayores dimensiones en la
historia del país: en los últimos quince años la superficie deforestada fue de
casi 4 millones de hectáreas.
Las provincias de Santiago del Estero, Salta,
Chaco y Formosa concentran la mayor superficie de bosque nativo, pero también
presentan la mayor superficie desmontada en los últimos años.
Los bosques nativos concentran más de la
mitad de la biodiversidad del planeta y juegan un papel fundamental en la
regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la
conservación de los suelos. Son hogar y sustento de comunidades indígenas y
campesinas; y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra
supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
La deforestación impacta directamente sobre
las comunidades que históricamente habitan y utilizan esos bosques; y que tras
el paso implacable de las topadoras pierden su forma de vida y sustento,
cayendo en la pobreza extrema.
Son numerosos los ejemplos del avance del
desmonte en zonas habitadas favorecidos por la escasa protección que tienen los
pobladores tradicionales, ya que la gran mayoría no ha podido obtener la
titularización de las tierras que habitan desde hace muchos años. Son cada vez
más los casos donde el conflicto en torno a la tierra termina dirimiéndose por
la fuerza, en donde es frecuente el accionar de guardias armadas bajo la orden
de los empresarios que compran tierras a muy bajo precio para la producción
agrícola y ganadera.
Con la ampliación de la frontera agropecuaria
hacia el norte los conflictos de tierra han aumentado muchísimo y se han vuelto
cada vez más violentos: Mario Ezequiel Gerez, Sandra Juárez, Javier Chocobar,
Roberto López, Cristian Ferreyra y Miguel Galván son algunos de los campesinos
e indígenas que fueron asesinados en los últimos años defendiendo sus
territorios.
La sanción de la Ley de Bosques (26.331), a fines de
2007, es un avance sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la
importancia de la participación de la sociedad civil, que con un millón y medio
de firmas presionó al Congreso de la Nación para su aprobación.
La norma protege de las topadoras a gran
parte de nuestros bosques nativos, incorpora fondos para su conservación y
manejo sustentable, y prohíbe el desmonte en zonas tradicionalmente habitadas
por indígenas y campesinos.
A cinco años de su sanción, si bien se redujo
la deforestación; por falta de voluntad política, financiación, controles
efectivos y multas acordes, se sigue desmontando en zonas protegidas por la
ley.
Como si fuera poco, el Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 prevé un incremento
de la superficie sembrada en un 27%, pasando de 33 millones de hectáreas en 2010
a 42 millones de hectáreas en 2020.
O sea, más desmontes, desalojos y muertes.
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